Política Estado Español

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Una antiabortista y el abogado de la corrupción del PP: dos de los magistrados votados por PSOE y Unidas Podemos

El Congreso aprueba los cuatro candidatos pactados por el bipartidismo y Unidas Podemos. Dos magistrados “progresistas” junto a otros dos sacados de las “cavernas” para el Constitucional, el guardián de las sagradas esencias del 78.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 11 de noviembre | 14:14

El bloqueo de renovación del Tribunal Constitucional, que ya pasaba de los 1000 días, logra superarse por un acuerdo al más puro estilo del viejo bipartidismo. La novedad es que ahora, en este pasteleo entre el PP y el PSOE entra a jugar los socios de gobierno, es decir Unidas Podemos, además de otras formaciones regionalistas como Coalición Canaria, el Partido Regionalista Cántabro y Foro Asturias.

Los morados no han tenido precisamente un rol secundario. Enrique de Santiago, secretario general del PCE, ha sido una pieza clave en las negociaciones para acordar la lista de cuatro magistrados y juristas “de reconocido prestigio” que se integran en el alto Tribunal.

De hecho la mayoría de sus 34 diputados han votado a favor. Los magistrados de la derecha han sacado 237 y 323 votos a favor, frente a los 240 de los “progresistas”. Solo 8 diputados se habrían abstenido o votado en blanco. Su identidad es una incógnita -salvo el socialista Odón Elorza que lo ha hecho público- ya que el voto ha sido secreto y telemático.

El sistema de elección, como el de toda la casta judicial, está diseñado para que el Constitucional se mantenga como el último baluarte de defensa del régimen y el status quo. A este tribunal le debemos, junto al Supremo que es electo por el propio Poder Judicial -electo a su vez “a pachas” entre la casta judicial y la política -, todas las injerencias contra la autonomía catalana, sentencias liberticidas, rescates judiciales a empresarios y banqueros, blindajes de saqueos de lo público como la Operación Castor... y un larguísimo etcétera que llega hasta hace “cuatro días” con la inhabilitación del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.

Dos de los magistrados son del ala “progresista” Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez. La primera magistrada destacada por introducir una perspectiva de género en numerosas sentencias y el segundo discípulo de Manuela Carmena. Ambos son miembros de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Pero éstos vienen acompañados de dos dinosaurios de primera.

Por un lado el más sonado de todos, Enrique Arnaldo, un hombre del Estado profundo y sobre todo del PP. Letrado de las Cortes durante años, un puesto que compaginó con su ejercicio de abogado y profesor en varias universidades, entre ellas la de La Rioja, una de las instituciones privadas más conservadoras. Trabajó para el PP entre 2003 y 2008, llegando a facturar casi un millón de euros con su empresa Estudios Jurídicos y Procesales S.L. Este prolífico currículum tiene el pequeño problema que incumple el régimen de incompatibilidades con el puesto de Letrado del Congreso. Esta es solo una de las supuestas corruptelas de Arnaldo. La lista es larga, enchufes a jueces amigos, como Marchena del Supremo, o al hijo del Fiscal General del Estado, Maza... y defendiendo como abogado a todo corrupto “popular” que se le presentara, como Jaume Matas, y colaborando previa minuta con la Fundación FAES de José María Aznar.

La otra candidata no se queda lejos. Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Saltó a la fama por ser apartada del Caso Gürtel, sus compañeros le dijeron que se notaba demasiado su parcialidad en favor del PP. Pagaba favores, fue el PP quien en 2008 la había nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. En 2009 se pronunció a favor de declarar inconstitucional la Ley del Aborto, sobre la que el Constitucional al que se incorpora tendrá que resolver ya que sigue pendiente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Otra de sus contribuciones desde la Audiencia Nacional fue la sentencia del caso Alsasua, de cuyo tribunal no se la recuso a pesar de estar casada con un guardia civil y haber sido condecorada con la Orden del Mérito de la Benemérita.

Que Unidas Podemos ya no viene a romper ningún candado del 78 no lo duda nadie. Pero lo de esta votación ha levantado apoyo hasta en los defensores más incondicionales de los morados y su gobierno progresista”.

Hasta el periodista de La Sexta, Antonio Maestre, les dedicó una columna bajo el título “El sapo de Arnaldo atraganta Unidas Podemos”, en que criticaba a Jaume Asens, diputado de los Comunes por sus declaraciones en la SER en la que aseguraba “que "votar en contra es un acto mucho más acorde con nuestros principios y valores" pero que van a votar a favor por mucho que les genere contradicciones”. Maestre se lamentaba de que “nunca antes ha habido un harakiri ideológico más descarnado en una figura de Unidas Podemos”. Se ve que la justificación del envío del Ejército a Ceuta o las devoluciones en caliente de menores no fueron suficiente harakiri para Maestrre.

El “bloqueo de la Justicia” parece que se va resolviendo, gracias a la “responsabilidad de Estado” de la derecha, el PSOE... y ahora también Unidas Podemos, y especialmente el PCE, el histórico partido del orden. Contra esta casta reaccionaria que dirime sobre nuestras vidas sin si quiera haber sido votada, no caben reformas parciales o votaciones “con la nariz tapada” como las que han justificado los Jaume Asens o Yolandas Díaz.

Contra el malmenorismo que lleva a las diputadas y diputados de la “izquierda” a votar una antiabortista y un presunto corrupto defensor de corruptos, hay que luchar por acabar con todos los tribunales que actúan como auténtica tercera cámara legislativa-ejecutiva, como los tribunales superiores, el Supremo o el Constitucional, así como tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público de la dictadura. Contra esta justicia para ricos hay que oponer juicios por jurados populares y los jueces electos por sufragio universal en todos sus niveles y que cobren un salario medio.






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