Ayer tuvo lugar una concentración en repudio a la violencia dirigida a estas personas en situación de pobreza extrema, a la falta de respuesta y ayuda por parte del Ayuntamiento de Villalba (del Partido Popular) y a la vergonzosa respuesta de la Sareb, que pretende aprovechar el incendio para ejecutar el desalojo.
Tal y como ha declarado una vecina, el incendio pretendía abrasar con vida a los habitantes del edificio: “Nos despertamos a las 7 de la mañana y habían echado gasolina en algunas puertas y entre los dos edificios. No sabemos quién ha sido, lo único que sabemos es que nos querían quemar vivos.”
La misma vecina declaraba además, al día siguiente, que “nos hemos levantado con la sorpresa de que no se nos va a dejar entrar a las casas”. Otra vecina añadía que “lo único que ha hecho Sareb es llamar a Securitas Direct que ha venido a tapiar directamente la escalera y a poner alarmas”.
Numerosas plataformas como la Asamblea de Vivienda en Villalba piden toda la ayuda posible en forma de ropa, comida o aportaciones económicas para los afectados y la restauración de sus viviendas. Tras una multitudinaria concentración, que congregó a varios cientos de personas de la localidad, hablamos con una de sus representantes que declara que han recibido "un montón de ayudas de particulares, pero no desde el Ayuntamiento ni desde Sareb y de ningún otro sitio ha venido nadie a echarnos una mano”.
Se trata de un ataque directo a familias con niños menores en una situación de extrema vulnerabilidad que ha dejado múltiples heridos por inhalación de humo y quemaduras en tercer grado. La falta de respuesta y apoyo por parte del ayuntamiento de Villalba es la demostración de que la administración del Partido Popular es cómplice de la situación de mayor vulnerabilidad a la que se ven arrojadas ahora las familias. Y todo ello en medio de las Navidades y el frío invierno al que ahora las familias deben hacer frente sin una alternativa habitacional.
Tal y como denuncian las asociaciones de vecinos, la mayor parte de la prensa también ha tomado también un papel de acoso a las víctimas, que lejos de encontrar una alternativa y ayuda por parte de las instituciones públicas, se ven demonizadas por estos mismos medios de comunicación al servicio de las grandes empresas y bancos. La guardia civil, por su parte, ha reprimido las concentraciones en repulsa a los hechos, protegiendo como de costumbre los intereses de las instituciones y empresas capitalistas responsables de esta situación.
Tal y como señalamos en este artículo, los bloques eran propiedad de Sareb, el conocido como “banco malo” con el que el Estado rescató los activos inmobiliarios propiedad de los bancos tras la crisis de 2008. Tras doce años en los que los edificios se mantuvieron sin uso, en diciembre de 2020 86 viviendas fueron ocupadas por las familias a las que hoy se pretende desalojar, aprovechando el incendio. Todo ello mientras la situación de estas familias se repite a lo largo y ancho del Estado, porque ya son cada vez más personas en riesgo de exclusión y con dificultades para acceder a una vivienda.
Debemos exigir que las 3 millones de viviendas vacías que existen en el Estado español se pongan al servicio de las familias sin hogar, expropiando fondos buitres y entidades como Sareb. Debemos poner fin a la violencia capitalista que se ceba con la clase trabajadora y los sectores populares, desahuciándola, empobreciéndola e incluso incendiando sus hogares.
