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PAQUETE DE AJUSTE DE MADURO

Venezuela entre el fin del subsidio a los combustibles y un esquema privatizador

Maduro anunció el nuevo esquema de distribución de combustible, el contenido es la ratificación de la política de ajuste de los últimos años: duros aumentos de precios, más porciones de la distribución de mercancías en manos del capital privado y dolarización del comercio, haciendo más drástica aun la brecha entre ricos y pobres. Nada que envidiarle a los paquetes neoliberales.

Ángel Arias

Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts

Lunes 1ro de junio | 10:58

Fotografía referencial: caraotadigital.net

El nuevo mecanismo consistirá básicamente en el establecimiento de un cupo mensual para el acceso de los consumidores comunes a la gasolina subsidiada (120 litros para carros, 60 litros para motos), a un precio de 5.000 Bs. por litro, y paralelo a eso, otro mercado controlado en manos de distribuidores privados (200 estaciones) donde el litro costará 0,5 US$, esto es, 99.000 Bs. al cambio oficial actual, donde las transacciones podrán ser directamente en la moneda estadounidense. El consumidor común que acceda al subsidio, luego de agotado el uso de su cupo, deberá enfrentarse a este otro mercado.

En cuanto al transporte de alimentos y transporte público, se establece transitoriamente un subsidio del 100% durante tres meses, hasta tanto discutan y termine de definir el Gobierno de cuánto será finalmente el porcentaje de subsidio.

Así las cosas, como señalamos ayer ante los anuncios, lo realmente novedoso de esta nueva política es que se comienza a desmontar el subsidio del combustible y se avanza en una “liberalización” de precios y progresiva privatización de la distribución. Además legalizar el cobro en dólares.

El Gobierno de Maduro y las FF.AA. concretó lo que ya se venía asomando por distintas declaraciones e informaciones que trascendían, y que se abordó en una reciente columna de opinión en este diario. Allí se explicaba cómo el Gobierno se monta sobre el sentido común de que es “insostenible” el “irrisorio” precio de la gasolina, para avanzar en una política que implicaría un duro golpe al bolsillo del pueblo trabajador, puesto que la realidad sobre la que actúan esos precios de la gasolina, es la de una profunda precarización generalizada de la población, con un salario no menos insostenible e irrisorio que el precio de la gasolina: ¡un salario mínimo de 2 dólares al mes, más 2 dólares de bono de alimentación (cesta-ticket)!

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Ese salario casi inexistente, unos ingresos populares totalmente destruidos, con la mayoría de la población del país en la pobreza, haciendo los más variados malabares y sacrificios para conseguir por lo menos el alimento básico, esa es la realidad sobre la que hace abstracción el “consenso” de gobierno, empresarios y “expertos”, para definir el aumento del combustible. Es por eso que, además de la “liberación” sideral del precio en el sector ahora privatizado, el aumento en la limitada porción que quedará subsidiada significa un duro golpe al pueblo común, tal como lo expresaron de manera clara y sencilla varios usuarios en las redes, al momento de saberse la noticia.

Continuación del ajuste capitalista y profundización de las desigualdades sociales

Esto no es más que continuar lo que ya venía haciendo el gobierno, sobre todo desde agosto de 2018, cuando lanzó el paquetazo capitalista, pomposamente llamado “Plan de recuperación y prosperidad”. La esencia de aquel “plan”, verdaderamente neoliberal en muchos aspectos fue ir a los pies de lo que “el mercado” (es decir, el capital privado) dictaba: acordando con los empresarios unos precios que eran los que ya por la vía de los hechos estos habían impuesto en el mercado paralelo, legalizando los precios de hiperinflación; y así mismo profundizar brutalmente la devaluación el bolívar llevando el dólar oficial al precio en que los oferentes privados lo tenían en el mercado paralelo.

Además de eso, se aumentó en un 33% el IVA, que es un impuesto indirecto al bolsillo obrero y popular, al mismo tiempo que se ampliaron las exoneraciones de impuesto al gran capital privado nacional e internacional, llegando luego al extremo de exonerar de impuestos a los pulpos petroleros. Profundizando así el carácter abiertamente regresivo de la política impositiva. Como parte del paquete brutalmente antiobrero y antipopular, se avanzó en el desconocimiento por decreto de las contrataciones colectivas y derechos de la clase trabajadora, tanto en el sector público como en el privado, mediante el Memorando 2792.

Las medidas incluían en los hechos una cada vez más “dolarización” de los precios de las mercancías, además al valor de un dólar de “libre mercado”. Lo que no ha hecho en los últimos años sino profundizar drásticamente la brecha social entre una minoría con acceso regular al dólar y que puede sobrellevar esos precios, y del otro lado la gran mayoría de la población depauperada, con salarios irrisorios en bolívares absolutamente depreciados, con un acceso al dólar ocasional y en cantidades totalmente irrisorias, que con suerte le alcanzan para sobrevivir.

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Esto giro hacia un neoliberalismo salvaje, donde el Estado previamente “regulador” se fue despojando cada vez más de cualquier rol “mediador”, donde terminó de desmontar los limitados y tibios elementos de “control” (de precios, de cambio y de ganancias), y deja paso a la simple ley del mercado, del sálvese quien pueda, es el que se continúa con este aumento de la gasolina. Un aumento que, dicho sea de paso, tenían contemplado en ese paquetazo de 2018.

Lo que han hecho Maduro y las FF.AA. ahora es aprovechar la agudización de la escasez de combustible para pasar aquella política ya anunciada, pero con mayor impronta neoliberal que la anunciada. En aquel entonces hablaron de aumentar la gasolina “a precios (de mercado) internacionales”, pero no de privatizar la distribución, tampoco hablaron de dolarizar las transacciones. Esta vez, violentando las propias leyes del país que ellos mismos crearon, por la vía de los hechos establecen el pago en dólares, además avanzan en la privatización de la distribución del combustible.

Más negocios privados de la casta cívico-militar y sus socios económicos

Toda esta política tiene un carácter profundamente regresivo, socialmente hablando. Tanto, que hasta algunos capitanes de la burguesía criolla, verdugos también del pueblo trabajador, se dan el lujo de hacer demagogia cuestionándola con argumentos “por izquierda”. No es que Jorge Botti, ex presidente de Fedecámaras, se haya vuelto un reformador con “sensibilidad social”, es que la política de Maduro es tan girada a derecha que le deja flanco abierto a esas imposturas.

Pero además de eso, es un episodio más en el que la propia casta civil y militar que se formó al calor de los elementos de “estatismo” con que administró la renta petrolera, ahora lleva adelante un giro contra la presencia estatal en la economía, privatizando empresas y servicios, pasando muchos de ellos, o sus socios y testaferros, a ser los nuevos capitalistas privados favorecidos por esa política. Es así como, por ejemplo en el Arco Minero del Orinoco, florecieron numerosas empresas de militares, aunque también de civiles, dándose la mano con el capital transnacional en la depredación, saqueo y criminal violencia contra la población que allí opera.

Esta vez, aparecen de la nada 200 concesionarios privados que, sin ningún anuncio ni licitación previa, son ya los asignados para ese negocio. No hay que ser muy avispado para suponer toda la trama de intereses y favores que hay detrás de estas asignaciones a dedo.

La política capitalista y neoliberal del gobierno, de liberalización de precios, dolarización y privatización, al tiempo que asesta duros golpes al pueblo, significa importantes fuentes de negocios para el capital privado en general, y para la casta que gobierna en particular.






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