Sociedad

LA INGOBERNABLE

Vuelve La Ingobernable al corazón de Madrid con una Oficina de Derechos Sociales

El colectivo impulsor del proyecto que funcionaba en el edificio de la calle Gobernador 39, que fue desalojado por Almeida, y más tarde, por el Ministerio del Interior del gobierno "progresista", ha anunciado que han recuperado un edificio en la calle Cruz 5 para “resistir en común y conquistar nuevos derechos”

Irene Olano

Madrid

Domingo 2 de mayo | 07:42

La Ingobernable ha vuelto. Con el lema “Derechos sociales para cambiarlo todo”, el colectivo ha arrancado en la mañana de este domingo este nuevo proyecto que han llamado Oficina de Derechos Sociales (ODS) que, según explican en un comunicado, servirá para “resistir en común y conquistar nuevos derechos”.

El ODS tendrá siete ejes, informa el colectivo, que responden a siete urgencias sociales: el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria. Es en este contexto de emergencia social en el que el colectivo se ha propuesto apostar por “resistir en común” y abrir este espacio donde “desarrollar, proteger y luchar por los derechos sociales“.

El edificio en el que se ha de desarrollar el proyecto es el antiguo Hostal Cantábrico en la Calle Cruz 5, entre la Plaza Sol y el Congreso de los Diputados, cerrado desde hace más de 5 años. El inmueble es propiedad de los hermanos Fernández Luengo, dueños de la cadena de peluquerías Marco Aldany, una famosa cadena low cost conocida por precarizar a sus empleados. Ha entrado en concurso de acreedores varias veces en los últimos 25 años y ha despedido a trabajadores en Aragón durante la pandemia.

Los Fernández Luengo son propietarios de numerosos edificios vacíos en Madrid, entre los que se encuentra el desaparecido edificio okupado transfeminista de La Pluma. En esta ocasión, los propietarios - los hermanos Fernández Luengo- contrataron a Desokupa para vaciar el edificio, los cuales lo hicieron de forma ilegal y violenta. Llevan años en el mercado de la especulación inmobiliaria. Antes de la pandemia buscaban socios para emprender un proyecto de “coliving”.

Ahora, a dos días de las elecciones municipales, los movimientos sociales y los okupas reivindican "Gobierne quien gobierne, la Ingo se defiende". Porque no hay diferencia real para el futuro de este proyecto entre que gobierne un bloque u otro. Ambos han resultado ser un fracaso en su gestión de los espacios de autoorganización, porque en lugar de favorecerla, sus políticas se basan en cortarla de raíz. Las políticas especuladoras de las que se nutren empresas como Marco Aldany no son sino un desastre permitido por las administraciones, que no son capaces de tocar los intereses de los capitalistas pese a que la crisis de la vivienda no para de crecer.

Derechistas y “progresistas”, todos contra La Ingo

Hace más de un año que con una mala excusa sanitaria –pues el edificio estaba ya vacío desde el estado de alarma– el edificio de la calle de Alberto Bosch, antiguo Archivo de Protocolos que estaba en desuso, se desalojaba apenas unos quince días después de su okupación. Era el segundo edificio de la Ingobernable y en su corta vida logró ser uno de los centros de apoyo principales del 8M de 2020 por su céntrica posición.

El edificio de la calle Alberto Bosch estaba bajo el amparo del gobierno progresista. Ya no se trataba de la derecha desalojando a los okupas, sino del ministerio de Grande-Marlaska mostrando su verdadera naturaleza y aprovechando el estado de alarma para amputar un proyecto que apenas acababa de nacer.

La historia de la Ingobernable es una historia de oposición a la gentrificación y a la especulación de diversos gobiernos municipales. El edificio emblemático de "la Ingo" se situaba en el número 39 de la calle del Gobernador, en pleno Atocha, y se trataba de un centro de salud, que también había sido sede de la UNED y que llevaba años desmantelado antes de su ocupación.

El PP había cedido años antes este edificio a la fundación Ambasz, el chiringuito de un arquitecto amigo de Ana Botella para convertir en museo privado lo que hasta el momento había sido edificio público. La ocupación en 2017 logró más de dos años de tregua donde el edificio albergó numerosos movimientos sociales (el 8M, FridaysForFuture, los referendos contra la monarquía...), diversas actividades culturales (teóricas importantes como Nancy Fraser llenaron charlas y talleres) y una parte de la vida política de Madrid al margen de las instituciones oficiales.

Los okupas, que venían del reciente desalojo del Patio Maravillas, se encontraron con todo tipo de oposiciones por parte de los gobiernos municipales. El gobierno de Carmena, que había prometido negociar la cesión del edificio, lejos de cumplir lo prometido supuso un desgaste y una decepción para el proyecto, que tras la negativa de negociación del Ayuntamiento quedó totalmente expuesto al desalojo que finalmente efectuaría Martínez-Almeida en noviembre de 2019.

Este fue uno de los núcleos principales de la campaña electoral de Almeida a las elecciones municipales. Expulsar a los "peligrosos okupas" y "devolver el edificio a Madrid". En teoría, se trataba de volver a hacer un centro de salud allí (aunque también se habló de una biblioteca). Hoy, casi dos años después del desalojo, el edificio sigue vacío y las promesas de Almeida han resultado ser un fraude, para sorpresa de nadie.

Lo cierto es que tanto el gobierno del PP como el de coalición PSOE-UP han seguido una campaña de criminalización de los movimientos sociales que propició la desaparición del edificio, y de otros proyectos similares. También durante la pandemia desapareció el histórico edificio okupado de La Dragona en La Elipa ((y actualmente el CSO La Traba, en Palos de la Frontera está en riesgo de desalojo también, pese a tratarse de un antiguo teatro que lleva años en desuso)) (Se está consultando si se puede añadir esto).

Ahora, a algo más de un año de inicio de la pandemia, los movimientos sociales de Madrid vuelven a reivindicar una ciudad al margen de las políticas gentrificadoras, que expulsan a la clase trabajadora de los barrios y convierten casas en airbnbs. Una ciudad al margen del racismo que hemos visto en la campaña electoral por parte de VOX y en las políticas de Ayuso durante años. Al margen del gobierno progresista, que forma parte de una casta política que nada tiene ya que ofrecer a la juventud, las migrantes, las mujeres y las trabajadoras.

Hoy surge un nuevo proyecto con una apuesta por “resistir en común” y abrir un espacio donde “desarrollar, proteger y luchar por los derechos sociales“. Desde Izquierda Diario, como siempre, estaremos al pie del cañón para defenderlo.






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