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ELÉCTRICAS

Y por si fuera poco… el Gobierno devolverá a las eléctricas más de 1.624 millones

Esa es la cifra, aún no definitiva y que por lo tanto podría ser más, que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tendrán que devolver a las eléctricas tras la sentencia del Supremo que anula el canon hidroeléctrico puesto en marcha por el Partido Popular en 2013.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Miércoles 8 de septiembre | 15:25

Los peores pronósticos se cumplen, e incluso podrían ir a peor en las próximas fechas. El ejecutivo valora en más de 1.624 millones de euros el importe que tendrá que devolver a las eléctricas para cumplir con la sentencia del Supremo.

Dicha sentencia tiraba abajo el canon hidroeléctrico que puso en marcha el Partido Popular y que gravaba a las empresas eléctricas por el uso del agua comunal (un bien público) para la producción de energía.

Como señalan todas las fuentes, este importe es el mínimo estimado, que ya de por sí supera en mucho las previsiones iniciales que apuntaban en los casos más optimistas una devolución de 500 millones. Pero a este más de medio millón de euros habrá que sumar los costes del proceso judicial, los intereses y lo que las eléctricas ya pagaron durante este 2021.

De hecho, en cuanto a lo recaudado por el Estado este año, se espera un montante a devolver especialmente alto, teniendo en cuenta los precios récords de la electricidad que, especialmente en los meses de agosto y este inicio de septiembre, han ido batiendo récords diarios.

Estamos ante otra factura que pagaremos todos, dinero que irá a parar directamente a los bolsillos de los consejos directivos de las grandes multinacionales eléctricas.

Se conoce la noticia cuando aún colean los casos de vaciado de pantanos, como el de Valdecañas, gestionado por Iberdrola. La cota del pantano bajó el pasado agosto a su mínimo histórico provocando desabastecimiento para el consumo humano y la agricultura. Algo que PSOE y Unidas Podemos dijeron que iban a investigar. ¿Novedades? Ninguna…

Y es que todo el uso abusivo de las eléctricas de esta fuente de energía natural y propiedad de todos ha llegado a cotas escandalosas. De hecho, centrándonos solo en 2021, la energía hidroeléctrica ha fijado los precios de la luz el 75% de las horas más caras del año.

Esta nueva “factura” que tendrá que salir de las arcas públicas, ha vuelto a generar cruces de declaraciones entre PSOE y Unidas Podemos si bien en la práctica no suponen ninguna alteración.

Rechazada cualquier medida de calado contra las eléctricas y en pro de dar solución al encarecimiento de la factura de la luz, ahora se discute una modificación de concesiones. Pero si uno realiza una búsqueda rápida, verá que las concesiones que vencen más pronto, son en 2031. Y de hecho en singular, porque tan solo es la del Ebro. Para el resto nos vamos en torno al 2038, 2040 e incluso en el 2066, como es el caso de la del País Vasco Interna. Sin duda no podríamos catalogar la política del gobierno “progresista” como de una medida de “emergencia”.

Lo sustancial es que ante este ataque a mano armada de las grandes multinacionales, que empobrece aún más a las familias de trabajadores y trabajadores, ninguno de las dos formaciones del Ejecutivo piensa hacer nada de calado, es decir, tocar los intereses de las multinacionales. No vaya a ser que la puerta giratoria se atasque.

Estas facturas están llegando en verano, pero el drama energético que pueden vivir cientos de miles de familias una vez llegue el invierno puede ser enorme, empeorando incluso lo que hemos visto ya otros años.

Es por ello, que tal y como escribimos en este mismo diario ayer, “debemos formar un frente de lucha lo más amplio posible en contra de las empresas energéticas capitalistas y el Gobierno que las sustenta, exigiendo a los grandes sindicatos que se pongan a la cabeza de esa lucha y que si no lo hacen queden retratados como lo que son.

Porque no queremos migajas, ni una rebaja en la factura eléctrica ni volver a la situación de 2005, en plena burbuja capitalista. Queremos la expropiación sin indemnización de las empresas eléctricas y su nacionalización bajo una gestión realmente democrática ejercida por las y los trabajadores y usuarios. Para que así estas empresas dejen de tener como objetivo principal la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y realicen una función social, suministrando energía en función de las necesidades de cada uno. No se puede seguir consintiendo que cuatro capitalistas sin escrúpulos sigan especulando y forrándose con bienes tan básicos como la energía a costa del perjuicio de la clase obrera. Nosotrxs decimos BASTA.”






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