RACISMO INSTITUCIONAL

#RegularizacionYa de migrantes y refugiados: la demanda urgente que sigue negando el gobierno

Con el hashtag #RegularizaciónYa miles de personas mostraron su apoyo a la medida que exigen los colectivos de personas migrantes. 600.000 personas sin papeles quedan excluidas de todas las medidas del gobierno ante la pandemia.

Martes 21 de abril de 2020 | 08:04

En una carta dirigida al gobierno, más de mil organizaciones de migrantes y colectivos antirracistas señalan que la pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia que estos sectores son quienes más padecen las consecuencias “de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en situación administrativa irregular”.

La iniciativa cobró fuerza después de conocerse las medidas del gobierno para promover el empleo temporal de parados y migrantes en los trabajos de recolección en el campo, sin tomar en cuenta la situación de las personas migrantes “sin papeles” y haciendo uso de los migrantes como “mano de obra descartable”.

Por eso, denuncian en su carta “el injusto e inhumano Real Decreto ley 13/2020, que por su carácter mercantilista promueve un contrato a ‘uso y desuso’ de los trabajadores migrantes, o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas ‘sin papeles’”. Por este motivo las definen como “políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad”.

En el mismo sentido, los activistas Yeison García y José Ariza, en un artículo publicado en El Salto, explican que en el paquete de medidas del gobierno se “sigue tratando a las personas migrantes como mano de obra desechable y no como sujetos políticos a los cuales se les deben garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

García y Ariza señalan que “la mitad de la población extranjera que no proviene de la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza en el año 2018, mientras que la población con nacionalidad española lo estaba en un 18% —cifra también elevadísima—. Además, más del 70% de las personas extranjeras de fuera de la UE tienen algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes”.

“Aquí nada, cada vez es peor. Yo no he visto ninguna cosa que haya hecho el Gobierno aquí”, señalaba Seidú Diop, en el último programa de Jordi Évole. El joven senegalés trabaja en la recolección de frutos rojos en Lepe, donde se vive en asentamientos con condiciones “inhumanas” según un relator la ONU que visitó la región.

Las reivindicaciones urgentes de los colectivos incluyen la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español, independientemente de los requisitos que impone la Ley de Extranjería, la resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio, así como la liberación inmediata de todas las personas internas en CIEs y CETIs de Ceuta y Melilla, la anulación de todos los expedientes de deportación y el cierre definitivo y permanente de estos centros. También exigen el fin de todo tipo de sanciones policiales, basada en la identificación por perfil étnico. Para los niños no acompañados o los jóvenes migrantes, solicitan que se garantice el sustento económico y apoyo socioeducativo, junto con la regularización.

A pesar de que este pedido es generalizado, y que se ha viralizado en las redes sociales, el gobierno sigue negando un derecho tan elemental como la regularización inmediata de todos los migrantes. Consultada en una rueda de prensa por la revista La Mar de Onuba, la ministra portavoz, María Jesús Montero, respondió que las medidas solo contemplan a los migrantes que ya se encuentren en situación “regular”, y que “no hay que mezclar las cosas”.






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