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CONTRAPUNTO
El conflicto del campo: monopolios, agrobusiness y lucha de clases
Diego Lotito | @diegolotito
Santiago Lupe | @SantiagoLupeBCN

En las últimas semanas hemos asistido a lo que muchos medios de prensa llaman la “rebelión del campo”. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Quién es quién en el campo y qué intereses están en juego? ¿Qué programa debe levantar la izquierda rupturista? Algunas respuestas a un conflicto complejo.

Ilustración: Diógenes Izquierdo

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En los últimos días estamos asistiendo a movilizaciones masivas por parte de grandes y pequeños agricultores y productores agrarios, que protestan por los precios injustos y abusivos que reciben por sus productos.

Este martes se ha vuelto a vivir una jornada de manifestaciones y cortes de carretera, desde la provincia de Almería hasta Extremadura, en la que ya es la quinta semana de movilizaciones del sector. El pasado 29 de enero ésta saltó a las portadas de los grandes medios, cuando entre 6.000 y 8.000 personas se movilizaban frente a las puertas de la institución ferial FEVAL de Don Benito (Badajoz). Ese día comenzaba la feria anual Agroexpo -el principal evento del sector en la región y uno de los más importantes del país-, cuya inauguración fue oportunamente pospuesta “en apoyo al sector agrícola y sus reivindicaciones”, según el comunicado de sus organizadores.

La composición de la movilización era esencialmente patronal, con todas sus gradaciones. En la protesta confluyeron, por un lado, las tres principales organizaciones históricas del campo español: ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) -que agrupa a la gran patronal terrateniente, con fuertes vínculos con el PP y la CEOE-, junto a la COAG y UPA, históricamente vinculadas a la izquierda (PCE y PSOE) y el movimiento sindical, y con su propia convocatoria también la joven Unión de Agricultores y Ganaderos nacida en 2008. Por otro lado, se sumaron colectivos de apicultores, cereceros y otras ramas del sector, así como pequeñas asociaciones de agricultores nacidas en los pueblos de los alrededores al calor de las movilizaciones de los últimos dos años y medio.

Así, grandes terratenientes del campo extremeño subvencionados por el Estado y la UE se entremezclaban con agricultores medianos y pequeños productores, algunos de ellos cooperativistas, golpeados por la caída de la renta agraria, la crisis de los precios monopolizados por los grandes jugadores del sector y la “uberización” del campo mediante la entrada de fondos de inversión. Esto no evitó sin embargo que la Delegación del Gobierno en Extremadura reprimiera duramente la protesta y que los antidisturbios repartieran porrazos ante la mirada atónita los más jóvenes.

Las imágenes de cargas policiales en Don Benito radicalizaron la protesta. Desde ese momento, las movilizaciones convocadas por las tres principales organizaciones agrarias se han extendido como un reguero de pólvora. El 30, aceituneros de Jaén cortaban la autovía de Andalucía. Al día siguiente le seguían protestas en otras de las comunidades autónomas que junto a Extremadura y Aragón forman el núcleo de la España interior: Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. La “rebelión” llegó incluso a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid el pasado miércoles, y entre la semana pasada y la presente se han convocado más de 20 movilizaciones, con tractoradas incluidas, en todo el país, sumándose Cantabria y Murcia.

Las causas del conflicto… según quién

Hace poco Enric Juliana escribía en ’La Vanguardia’ que mientras todos miramos hacia Catalunya y su persistente y espinoso conflicto, la España interior es un volcán de malestar social a punto de entrar en erupción. ¿Cuáles son las causas de esta dinámica?

Superficialmente, hay algunas fundamentales del conflicto agrario. El principal, de orden interno, es el desplome de los precios en origen que se paga a agricultores y ganaderos, pese a que después los productos se vendan mucho más caros en los establecimientos de la gran distribución, controlados por un oligopolio de seis grandes empresas que imponen precios abusivos.

A este problema se añaden otros de orden externo, entre ellos: la renegociación de los fondos de la Política Agraria Común (PAC), que augura un recorte, los aranceles impuestos por la Administración estadounidense de Donald Trump, que golpean con fuerza los productos del sector primario, o la entrada en grandes volúmenes de exportaciones procedentes de terceros países a bajo precio y con estándares menores a los exigidos a los productos comunitarios, que los agricultores denuncian como competencia desleal.

Todos estos elementos son reales. Pero hay una tercera “causa” que las patronales agrarias han esgrimido como responsable de la crisis actual y que con el apoyo de VOX y algunos de los barones del PSOE se ha puesto en la agenda: el aumento del SMI.

La carga contra el aumento del SMI decretado por el Gobierno -que a partir del 1 enero subió un miserable 5,5% hasta los 950 euros al mes, tras el incremento del 22% el año pasado- se ha transformado en uno de los principales caballos de batalla de las patronales agrarias. “Hay que frenarlos: están los seguros agrarios, los fertilizantes... y lo que se ha añadido es el incremento del coste salarial. Es un añadido más”, declaraba hace pocos días Juan José Álvarez de Asaja.

También el presidente de Extremadura y “barón” del PSOE en esa comunidad, Guillermo Fernández Vara, salió a la palestra a plantear con descaro absoluto que las subidas del SMI son uno de los problemas que aquejan al sector agrario. Fernández Vara, un españolista conservador que cobra más de 6.000 euros al mes, actúa así como un portavoz de las patronales del campo.

Obviamente los capitalistas siempre se van a oponer a que los salarios aumenten. Sus ganancias se deben al robo de trabajo no pagado de la clase trabajadora (la plusvalía) y a que sólo procuran pagar al trabajador o trabajadora el mínimo indispensable para que puede seguir trabajando y alimentando a su familia, y a veces ni eso. Pero en el caso del campo, las reivindicaciones patronales contra el aumento del SMI son particularmente reaccionarias.

Como ha escrito recientemente Oscar Reina, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), “hay que ser un ignorante total, tener muy poca vergüenza o muy oscuros intereses, para decir que el problema del campo es la subida del Salario Mínimo”.

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¿Por qué? Pues porque, como explica Reina, “en el Campo para quien no lo sepa, o para quien lo olvide consciente o inconscientemente, el trabajador cobra según convenio, un convenio que por lo general no se respeta por el agricultor, y lo que sube es muy poco, bastante poco, que de por sí hay que decirlo hace años que dichos convenios son muy bajos para cómo se trabaja hoy día en el campo y para lo que sube el nivel de vida hoy día.”

Caída de la renta agraria y monopolios agroalimentarios

Las causas de fondo del conflicto son muchos más profundas que las declaraciones que se hacen por televisión. En la crisis actual se combinan diversos elementos.

En un artículo [1] publicado en El Salto, Jonathan Moriche afirma que “La primera y principal de estas crisis es, por supuesto, la crisis crónica de una renta agraria en caída permanente desde hace décadas, singularmente pronunciada en un 2019 desastroso para el campo”.

El Estado español es una de las potencias agroalimentarias de la Unión Europea, con cerca de un 12% de la producción total, casi a la par que Alemania y solo por detrás de Francia a Italia. Así y todo, la renta agraria (la segunda más elevada tras la francesa) quedó el año pasado en 26.179 millones, con una caída del 8,6% en términos corrientes y del 9,9% a precios constantes, respecto a 2018. Tras un mal año, las estimaciones de renta agraria para el 2020 prevén niveles más bajos que en los tres últimos ejercicios, aunque la realidad es que seguiría estando un 4,5% por encima de la media de la última década.

Sin embargo, como afirma Moriche, la crisis de la renta agraria es una de las causas principales “de una crisis aún más amplia, material y cultural, de todo un mundo rural en estancamiento económico, envejecimiento y despoblación, duramente golpeado además por el agresivo desmantelamiento de sus servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad o transporte impuesto por las políticas de austeridad.”

A esta dinámica se suma la hiperconcentración de la distribución y comercialización en el sector agroalimentario, incluida la compra en origen, controladas por un verdadero cártel de seis grandes grupos multinacionales que imponen los precios: Mercadona, Carrefour, Día, Eroski, Lidl y Auchan.

Estos grupos empresariales, que han visto incrementados sus beneficios espectacularmente en los últimos años, representan la cúspide de un negocio multimillonario, cuyo volumen es de 107.000 millones de euros anuales, que sitúa al Estado español en el quinto puesto de la UE, por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Juntos suponen un 54,4% del volumen de ventas a nivel estatal, según ha denunciado la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a raíz de las declaraciones realizadas recientemente por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas.

En el Estado español, el gasto de los hogares en alimentación ascendió en 2018 a 103.077,41 millones de euros, según un Informe del consumo de alimentación en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras que, en el transcurso de la última década, las exportaciones del sector se han incrementado un 97,5 %, alcanzando un negocio de 52.200 millones de euros.

Estos son los intereses que están en juego. Verdaderos pulpos monopólicos multimillonarios, con capacidad absoluta para establecer los precios y un control total de la cadena de distribución y comercialización. Así es que, durante el 2019, el precio que se ha pagado al productor en origen y el que finalmente paga el consumidor en un supermercado se ha incrementado en promedio un 450% (y en algunos casos hasta el 700%, como con la patata). Este margen exorbitante es un beneficio integro para la gran industria monopolística del sector.

Pero al mismo tiempo, estos grupos son responsables del establecimiento de condiciones de hiperexplotación laboral en el sector de conjunto, desde las condiciones de semiesclavitud que imperan en el campo, hasta la que se sufre en los supermercados y grandes superficies. En este terreno, entre los grandes monopolios y las patronales agrarias hay plena comunidad de intereses.

En ese marco, la política del ministro de agricultura, Luis Planas, que hace dos semanas anunció la creación de una mesa de negociación con el sector agrario y reuniones con todos los “actores” involucrados en la cadena alimentaria -incluidos supermercados e industria- para intentar paliar la crisis no puede resolver nada. Medidas parciales como el incremento de la dotación pública a los seguros agrarios o la modificación de la ley de la cadena alimentaria, apenas podrían parchear una crisis que lejos amainar solo tenderá a agravarse, porque sus bases son orgánicas, no de coyuntura.

El nuevo agrobusiness ibérico o la “uberización” del campo

El campo está cambiando rápidamente en el Estado español. Y lo viene haciendo hace ya varios años. Principalmente porque lo que se transforma es el mercado agroalimentario, que tiende a la concentración de poder en la cadena, con consecuencias muy negativas para los productores.

Esto no es un fenómeno exclusivo del Estado español ni mucho menos. Es un fenómeno global, fruto de una tendencia general que lleva a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias a desaparecer por la penetración del capital financiero y los fondos de inversión en la explotación agropecuaria.

En el último período, las bajas rentabilidades de los mercados financieros y los tipos de interés en mínimos han motorizado el interés de los inversores por el negocio hortofrutícola español en busca de ganancias rápidas y suculentas.

Si la crisis capitalista de la pasada década ha llevado grandes fondos a la búsqueda de la ganga inmobiliaria o de empresas industriales con propietarios atrapados por sus inversiones en ladrillo, el agrobusiness parece ser la nueva moda. Y no es para menos. Las 31.342 empresas del sector de la alimentación y bebidas en todo el Estado representan el 2,5% PIB, el 24,8% del PIB industrial y el 18% la ocupación, con cerca de 500.000 trabajadores activos. El hecho de que haya tantas compañías es un indicador de por qué cada vez más los fondos de inversión tienen a este sector de la economía bajo el radar. El 96,5% de las empresas tienen menos de 50 empleados (menos de 10 el 79,8%). El carácter familiar de la mayoría y fallidos procesos de sucesión explican muchos de los traspasos.

A este proceso es al que se ha llamado la “uberización” del campo. "Observamos un cambio de paradigma en el modelo productivo en el que los grandes inversores, en muchas ocasiones con capital ajeno al agrario que busca sólo rendimientos económicos (…) ganan terreno en detrimento de los agricultores y agricultoras tradicionales", denuncia la COAG en su informe La uberización del campo español, en el que evidencia cómo el avance de los modelos industriales de producción, la financiarización del sector y la liberalización comercial están arrasando con los modelos productivos tradicionales, del mismo modo que está sucediendo con el sector del taxi o la distribución minorista.

“No son operaciones gigantescas en volumen, pero están transformando el modelo de propiedad de muchas empresas tradicionales ligadas al campo español y propiciando procesos de consolidación”. La concentración, según confiesan algunos de quienes participan en estas compras, aún tiene recorrido. El ’buy, build & sell’ —comprar, ganar tamaño y vender— es el esquema favorito del nuevo ’agroequity’”, explica Víctor Romero en El Confidencial [2].

Un esquema de inversión con evidentes ribetes especulativos que a mediano plazo lo que logra es empobrecer a las poblaciones rurales y avanzar en una depredación aún más salvaje del suelo, los acuíferos, los recursos hídricos y el ambiente. Así, junto a los viejos latifundistas y terratenientes que reciben decenas de millones de euros en subvenciones provenientes de la Política Agraria Común (PAC) de la UE, han llegado los nuevos players del campo español, para proseguir con la misma labor: enriquecerse a costa del trabajo ajeno mientras y profundizar la catástrofe ecológica.

La lucha de clases en el campo

“Es la clase media, la que ha cargado sobre sus hombros la parte más pesada de la crisis y que ahora, sencillamente, ya no tiene ni un solo pase más; ha colmado su nivel de resistencia. Cuando miles de agricultores y ganaderos se levantan, cogen sus tractores y se echan a las carreteras en España, están simbolizando ese colectivo enorme, heterogéneo, que solo tiene en común una peligrosa desazón: están hartos”, asegura Javier Caraballo en un artículo [3] publicado en El Confidencial.

Una visión muy parcial del campo, en la que las clases se diluyen en una abstracta “clase media rural”. en el campo la división fundamental de clases entre propietarios y asalariados rige como en toda la sociedad. Como explica Oscar Reina, “en el campo una cosa es el agricultor y otra el jornalero. El agricultor es propietario de la tierra, el jornalero es el que la trabaja por un jornal y en la mayoría de los casos es explotado por el agricultor. (…) Claro está que hay agricultores más grandes y más pequeños, y que no todos son iguales, los hay con pequeñas propiedades, que prácticamente son trabajadores también, pero diferenciemos las cosas para no mezclar ni confundir”.

Esta distinción elemental es clave porque justamente los peor parados de la transformación estructural que atraviesa el campo español han sido precisamente los asalariados. Los jornaleros siguen siendo la pieza fundamental que saca adelante las diferentes cosechas. Campesinos sin tierra que trabajan en todo tipo de explotaciones en condiciones de temporalidad crónica y alternando esta situación con el desempleo o el cobro de un mísero subsidio agrario que apenas supera los 400 euros. Las condiciones de precariedad y explotación que padecen vienen siendo denunciadas por organizaciones como el SAT, que señalan además como se mantienen prácticas caciquiles de parte de los “señoritos” del siglo XXI, en especial en Extremadura y Andalucía.

Recientemente el Relator Especial de Naciones Unidad para la Pobreza Extrema y Derechos Humanos presentó un demoledor informe sobre la situación en el Estado español, en el que señalaba como una de las “zonas cero” de la pobreza extrema el campo y en especial las infraviviendas de trabajadores inmigrantes empleados en explotaciones agrarias.

Ninguna de las reivindicaciones de estas decenas de miles de trabajadores está contemplada en las plataformas reivindicativas de las organizaciones agrarias. No obstante, el mismo SAT ha tenido conflictos laborales y judiciales con todas ellas, desde la representante de los latifundistas, ASAJA, hasta la UPA, que se enfrentó a este sindicato por la denuncia realizada contra los abusos sexuales cometidos contra trabajadoras migrantes de la fresa en Huelva.

El latifundio, en especial en Andalucía y Extremadura, aunque no sólo en estas comunidades, lejos de haberse reducido viene ganado terreno. A los grandes propietarios que hunden sus patrimonios a los legados nobles desde la Edad Media, se les han ido sumando los nuevos terratenientes: los fondos de inversión que mencionábamos antes y las grandes cadenas comerciales que están comprando tierras.

En el Estado español nunca hubo nada parecido a una reforma agraria. Las tierras de la nobleza permanecieron intactas. Las dos desamortizaciones no solo no les tocaron ni una hectárea, sino que les hicieron aumentar su patrimonio. Con la de Mendizábal, en 1836, se confiscaron tierras de la Iglesias, pero no para repartirlas entre los campesinos sin tierra, sino para subastarlas e intentar atajar la crisis hacendística crónica del joven Estado liberal. Nobles y burgueses ennoblecidos se hicieron con ellas. La de Madoz, en 1851, fue una “contrarreforma agraria” en toda la regla. Se expropiaron sobre todo los “comunales”, bienes de la comunidad que eran empleados fundamentalmente por los campesinos para cazar, recoger leña o el pastoreo, y se subastaron de nuevo para engrosar el patrimonio de los latifundistas.

Incluso la reforma agraria de 1932 se convirtió en una de las mayores decepciones de la II República. A pesar de la oposición que despertó entre los grandes terratenientes, las expropiaciones requerían cumplir unas condiciones tan estrictas y limitadas que se calculó que se hubieran necesitado 100 años para concluir el reparto de lotes. Una insuficiencia que estuvo detrás de la gran oleada de ocupaciones de fincas por jornaleros de marzo de 1936, el preludio a la única reforma agraria como tal vivida en toda la historia en nuestro país, las colectividades campesinas en la retaguardia republicana.

Podríamos decir que, en los últimos años, y siguiendo el grueso de la tradición histórica, estamos presenciando una nueva “contrarreforma agraria”. Aumenta la concentración y los grandes terratenientes acumulan además la mayor parte de los recursos públicos destinados a ayudar a los productores, no los pequeños y medianos, ni mucho menos los asalariados del campo. Ellos reciben el grueso de las subvenciones de la Política Agraria Común.

Por debajo de estos “señores” del campo hay un heterogéneo sector conformado por pequeños y medianos productores, autónomos y pequeños empresarios, que sí han accedido a la propiedad de sus tierras, y que en muchos casos deben recurrir a la contratación de asalariados bien de forma permanente o estacional (temporeros). Sectores como la fruta, la hortaliza, la oliva o la uva, a pesar de los avances en la mecanización del campo, siguen necesitando de un uso intensivo de mano de obra durante la cosecha. Algo distinto a otros sectores como el cereal.

Son el eslabón débil de los propietarios de tierras, víctimas también de esta crisis estructural que estamos describiendo, y al ser el “pez chico” quedan ubicados en una posición de dependencia de la industria agroalimentaria, los gigantes de la distribución y los consorcios financieros y de seguros. Sus organizaciones tradicionales, la UPA y COAG, vienen ubicándose cada vez más en un rol subsidiario también de las patronales mayores, sin oponer apenas resistencia en los últimos años a la uberización que está acabando con las explotaciones familiares y asumiendo muchas veces las mismas plataformas reivindicativas de ASAJA.

Como dice también Oscar Reina del SAT, “¿Los precios bajos son un problema? Sí, rotundamente. Y hay que pelear para que suban, todo lo que se movilice al respecto es poco, pero identifiquemos al enemigo y culpable donde está. Señalemos a grandes cadenas de comercialización, señalemos a grandes cadenas de intermediarios que actúan como mafias, pero eso es más fácil señalar al eslabón más débil de la cadena. El enemigo en este caso no es el jornalero, que es un afectado más, y donde realiza el primer recorte el agricultor cuando no le pagan lo que deben pagarle, por lo que es el más afectado, dado que depende del sudor de su frente, de sus manos, su jornal y también del precio del producto. Cuando el agricultor obtiene más beneficios obviamente no lo reparte entre los jornaleros, pero por el contrario sí es común, que cuando no le pagan los precios en condiciones, estos agricultores paguen menos a los jornaleros.”

La estrategia de la extrema derecha y la impostura de la centroizquierda

Recientemente el periodista Antonio Maestre escribía en una columna de Eldiario.es [4] que “la estrategia de la extrema derecha en las movilizaciones agrarias es una obviedad que conviene no ignorar. Consiste en hacer pasar a empresarios por jornaleros para mostrarse como garante del Estado social del bienestar solo para los de casa: el chovinismo del bienestar”.

No le falta razón. Los intentos de instrumentalizar el conflicto contra el gobierno de coalición por parte de Vox son evidentes. Pero la cuestión es si el Gobierno y una centroizquierda que no quiere plantear más que un programa de reformas parciales, puede hacerle frente a la demagogia de la derecha.

Hasta ahora la gran medida planteada por el gobierno “progresista” ha sido la de la aprobación de una Ley de Cadena Alimentaria con algunas medidas mínimas como prohibir la venta a pérdidas -por debajo del coste de producción- en productos como el aceite o la leche y dar publicidad de las sanciones contra las cadenas que incumplan. No han determinado de cuanto sería la cuantía de dichas sanciones, pero atendiendo a la benevolencia de Hacienda o la Inspección de Trabajo con las empresas que se saltan la ley, puede que les siga saliendo más a cuenta incumplir y pagar las multas. También se pretende obligar a que se informe al consumidor del coste del alimento en origen, pretendiendo así que sea él quien opte por las marcas que paguen un precio más justo al productor.

Todo un programa completamente de mínimos, que ni cuestiona el oligopolio de la distribución, ni la concentración de la propiedad y la participación cada vez mayor de este oligopolio en el mercado de tierras. Se deja intacto ese margen de hasta el 700% de aumento del precio desde origen, que sería la base para cualquier política que permitiera hacer posible vivir y trabajar en el campo sin sufrir la sobreexplotación de las diferentes patronales, ni que las explotaciones realmente familiares pudieran subsistir sin el yugo de los “peces grandes”.

Reforma agraria, expropiación de los terratenientes y nacionalización de la industria agroalimentaria

El conflicto del campo, desde la perspectiva de una izquierda rupturista y anticapitalista, obliga a mantener una posición elemental de independencia de los dos actores principales en pugna: el gobierno de coalición, que no quiere importunar demasiado a los grandes oligopolios de la distribución y transformación, y las patronales agrarias que han quedado al margen de estas dos fases del proceso productivo.

Por ello no consideramos que las organizaciones obreras y de la izquierda debamos hacer nuestras las demandas que exigen un aumento de las ayudas públicas a la producción (5.500 millones de euros al año, si solo contamos los fondos provenientes de la llamada Política Agraria Común). Éstas no dejan de ser la subvención de un negocio privado con los fondos que se siguen retrayendo para recuperar, entre otras cosas, una década de recortes en servicios públicos que además ha golpeado de manera especial a las áreas rurales.

Los millones que terminan embolsándose la Casa de Alba y otros grandes terratenientes, habría que pelear para que se dedicasen a un plan de inversiones públicas que garantice el acceso digno y suficiente a la sanidad, la educación, el transporte público y otros derechos sociales que han casi desaparecido de la llamada “España vaciada”.

Frente a las demandas reaccionarias que quieren cargar la crisis del sector sobre los jornaleros y los asalariados, como es la de bajar el salario mínimo, aprobar uno específico para el campo o la histórica demanda de la derecha de acabar con el PER, hay que oponerle un programa que recoja las principales demandas de los y las trabajadoras agrícolas. Tal y como denuncia el SAT, la norma muchas veces en estas explotaciones, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, es el incumplimiento de los convenios o la contratación en negro. En especial cuando se trata de trabajadores migrantes. Por ello habría que pelear por una subida generalizada de los salarios, la garantía de contrataciones fijas o un subsidio de desempleo no inferior al SMI para los períodos de inactividad estacional y un sistema de control por parte de las organizaciones sindicales de la contratación y el trabajo en las explotaciones.

Estas medidas supondrían una mejora considerable de las condiciones de vida de los sectores que más sufren la crisis del sector, pero para lograr acabar con ésta es necesario atacar a sus elementos más estructurales. Empezando por la concentración de tierras y la necesidad de una verdadera reforma agraria, que parta de la nacionalización sin indemnización alguna de los grandes terratenientes -viejos y nuevos- y los latifundios, su puesta en explotación bajo control de comités de jornaleros o cooperativas y de manera sostenible, así como la nacionalización de los grandes monopolios que controlan hoy semillas e insumos, para que se garantice un precio justo para los pequeños productores.

Lo mismo para los grandes oligopolios de la distribución, como Mercadona, Carrefour o Día. Grandes empresas que se enriquecen a costa de un aumento de precios artificial y la explotación de sus trabajadores. Hay que pelear por que el sector agroalimentario -tanto la producción, como la distribución- sea considerado un sector estratégico y se nacionalice sin indemnización estos grandes grupos. Sobre esta base se podría establecer una empresa pública, controlada por sus trabajadores y trabajadoras junto a representantes de asociaciones de consumidores, que garantice tanto condiciones de trabajo dignas, como alimentos saludables, sostenibles y al alcance de todas las familias.

Un programa así es el único realista para dar salida a la crisis del campo y que el actual conflicto no reproduzca un choque entre diferentes a las patronales del sector, en el que la que se autodenomina como los “productores” use de base de maniobra a los asalariados del campo o los propietarios que no explotan trabajo ajeno. Para imponer unas demandas como éstas, que atacan a los beneficios y privilegios del puñado de capitalistas que dominan el sector, será necesario impulsar una movilización independiente de los trabajadores y trabajadoras agrarias, en alianza con los pequeños propietarios que no explotan asalariados y el resto de sectores obreros y populares del mundo rural.

 
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