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La Izquierda Diario

Lunes 17 de Junio de 2019

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ELECCIONES ANDALUZAS
PP y Ciudadanos gobernarán Andalucía con el programa de VOX
Roberto Jara

El acuerdo contempla medidas contra la inmigración, la sanidad pública, la memoria histórica, el aborto libre o la educación pública y purgas ideológicas en los medios de comunicación o el servicio de empleo.

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El acuerdo alcanzado en las últimas horas por Vox y PP permitiría la investidura de Juanma Moreno (PP) en Andalucía como presidente de a Junta, con el anterior apoyo de Ciudadanos, llevando a un gobierno de coalición de derecha y extrema derecha. Así se ha hecho público con la firma del acuerdo de 37 puntos entre PP y Vox que plasma la gran mayoría del programa político, económico y social de la extrema derecha, tanto dentro del PP como en Vox.

El acuerdo contempla, entre otras, medidas contra la inmigración, la sanidad pública, la memoria histórica, el aborto libre o la educación pública y las previstas purgas ideológicas en los medios de comunicación o el servicio de empleo bajo el nombre de "despolitización", dentro de la política de eliminación de competencias autonómicas tras la estela del 155 y el "a por ellos", abogando por "el diálogo y el respeto a las fuerzas constitucionalistas".

El propio documento se presentaba como un acuerdo para "contribuir decididamente a guardar y proteger el orden constitucional y la Unidad de España, manteniendo siempre la máxima lealtad hacia la Corona y la Carta Magna" en una línea de restauración por extrema derecha de un Régimen del 78 con sus pilares, como la Corona o la unidad territorial, bajo fuertes crisis y cuestionamientos.

Uno de los principales sellos de Vox, sus políticas racistas antiinmigración, aparece con presencia destacada en el acuerdo "evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada", contando con "todos los medios a su alcance para prevenir la amenaza del fundamentalismo islámico" o "Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral."

Esta política no sólo jalea la creciente islamofobia y racismo, sino que reafirma las actuaciones anteriores tanto de los gobiernos del PP, como del PSOE, implantando la Ley de Extranjería, las devoluciones en caliente, los CIEs. Estas políticas y quienes "tienen encomendada la protección de las fronteras" son responsables de masacres como la de Tarajal o los cientos de muertes al año en el Mediterráneo.

Al mismo tiempo, el punto que acuerda "facilitar el uso de tarjeta sanitaria única en todas las Comunidades" implica que en Andalucía también quedarían excluidas miles de personas sin papeles de la atención médica más allá de partos y urgencias. Mientras, se comprometen en este acuerdo a "luchar contra el “turismo sanitario".

En el acuerdo figuran además, algunos de los grandes "caballos de batalla" de la asociación ultracatólica Hazte Oír, con conocidos vínculos con el PP y con Vox, como la posibilidad de que "los padres puedan excluir a sus hijos de actividades de formación escolar cuando sean contrarias a sus convicciones", un "Plan Integral de Apoyo a las Familias" y una "Consejería de Familia" y un sistema que proporcione "alternativas socioeconómicas a mujeres con embarazos no deseados" frente a la interrupción voluntaria de dicho embarazo.

A pesar de que no figura explícitamente la anulación del matrimonio entre personas del mismo sexo o de las leyes de protección LGBTI, que Vox lleva en su programa y el PP intentó llevar frente al Constitucional y finamente dejó sin presupuesto, la posibilidad de retirar a los hijos de la educación sexual, frente al fomento de la familia judeocristiana tradicional y las trabas al derecho al aborto se imponen en el acuerdo de gobierno como un avance de la ultraderecha en su combate a la "ideología de género".

Al mismo tiempo, mientras más batallas culturales aparecen impuestas por la derecha en el acuerdo, como "una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica" o "apoyar por ley la tauromaquia", se suma el conjunto del programa económico que ataca los servicios públicos y controla las arcas de la comunidad.

Bajo el paraguas de "eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela", se firma la anunciada sustitución política designada como "despolitizar el Servicio Andaluz de Empleo", "reducir el gasto y garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa" en los medios de comunicación autonómicos o "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social" (recordemos que Hazte Oír o la Fundación Francisco Franco sí que reciben subvenciones por "utilidad social").

Que este tipo de medidas sean parte del acuerdo para investir a gobierno andaluz no es algo sorprendente. El programa electoral de Vox plantea alto y claro la orientación reaccionaria, racista, misógina, homófoba y conservadora de esta formación política. Pretende expulsar masivamente a los inmigrantes, reforzar la xenofobia policial, derogar la Ley Integral de Violencia de Género, prohibir el derecho al aborto en cualquier supuesto, promover formas de familia tradicionales y perseguir judicialmente a las mujeres que hagan denuncias sobre violencia de género.

Sin embargo, también es el gobierno del PSOE quien mantiene abiertos los CIEs y aplica las leyes de extranjería, que condenan a las inmigrantes a vivir sin papeles; mantiene las reformas laborales que imponen la precariedad a la mayoría de las trabajadoras, y garantiza los acuerdos y la financiación a la Iglesia católica, machista y patriarcal, por solo mencionar algunas de sus políticas, contrarias a las necesidades de la mayoría de las mujeres, las precarias, inmigrantes, trabajadoras y estudiantes.

Vox no es un partido “outsider”, por más que algunas de sus propuestas rompan el “consenso constitucional” como la de suprimir autonomías, sino una suerte de “constitucionalismo extremo” y agenda neoliberal “sin filtro” para tiempos de crisis.

Frente a esta derecha desbocada la alternativa no puede venir de la pata izquierda del mismo Régimen que la ha engendrado. Identificar en el PSOE del 155, de las concertinas, los rescates bancarios, las puertas giratorias, las reformas laborales o el pensionazo, la “alternativa” a la derecha, es no identificar que el auge de la extrema derecha tiene como fermento una combinación de crisis política, económica y social con inexistencia de una alternativa que no sea el “mal menor” que nos obliga a resignarnos a un futuro de precariedad laboral, salarios de miseria y pérdida de derechos sociales y democráticos.

A la restauración reaccionaria no la frenará un proyecto como el de la regeneración progresista (una restauración de otro signo, pero restauración al fin y al cabo). La clave en el próximo periodo pasa por que la izquierda en el Estado español, junto a movimientos como el de las mujeres, la juventud antimonárquica, las luchas y procesos de organización obrera contra la precariedad o los sectores del movimiento catalán que están haciendo una experiencia con la dirección procesista, sea capaz de levantar una alternativa anticapitalista y de clase, una verdadera izquierda “sin complejos”.

 
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