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IZQUIERDA A DEBATE
Cuatro años de “ayuntamientos del cambio”: ¿Zaragoza en Común como alternativa?
Asier Ubico | Delegado de CGT Telepizza, Zaragoza

Se acerca la “fiesta” electoral y las candidaturas que dieron lugar a los autodenominados “ayuntamientos del cambio” están en una crisis total a nivel estatal. En concreto, Zaragoza en Común (ZEC), la coalición “ciudadanista” creada en 2015 entre Podemos, IU, Anticapitalistas y Puyalón entre otros, que viene dirigiendo el Ayuntamiento de la ciudad, está atravesada por esta misma crisis.

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Ni Puyalón ni Podemos Aragón renovarán en las próximas elecciones municipales la coalición electoral en el Ayuntamiento. En el caso de Podemos, por razones puramente burocráticas. Junto a esta enorme división, a las primarias de ZEC se presentaron tres listas diferentes: la lista de los “Municipalistas” formada por Santisteve y otros y apoyada por Anticapitalistas con Julia Cámara. La lista de IU-PCE con la candidatura “Tu izquierda” formada por el concejal de servicios públicos Alberto Cubero, de Vivienda Pablo Hijar y otros. Y, por último, la lista de los críticos de Podemos.

Más allá de las diferentes candidaturas todos tienen un denominador común. Comparten la misma estrategia y el mismo balance positivo sobre el Gobierno de Santisteve. Para Julia Cámara de Anticapitalistas, esta división, desde sus lógicas, pone en peligro “la posibilidad de continuar con las transformaciones iniciadas en 2015”. Pero, después de casi un lustro del Gobierno del ZEC, ¿cuáles son las “transformaciones” de las que habla la referente de Anticapitalistas?

El no pago de la deuda, el derecho a la vivienda y la lucha por la remunicipalización de los servicios públicos, entre otras demandas sociales, son las que hicieron subir al poder municipal a Santisteve. Pero las mismas han quedado en agua de borrajas y, en algunos casos, han sido rebajadas. Todo ello gracias a una política impotente basada tanto en la estrecha estrategia legalista que ofrece la gestión municipal, así como la delirante ilusión de poder resolver las reivindicaciones sociales más sentidas de la población de la mano del PSOE.

¿Dónde quedó el no pago a la deuda?

Lejos de negarse a pagar la deuda ilegitima de los gobiernos corruptos anteriores, los “ayuntamientos del cambio”, sin excepciones, se convirtieron en los alumnos aventajados de Bruselas y de los gobiernos de Rajoy y Sánchez.

En el caso de Zaragoza en Común, el Ayuntamiento aplicó el Plan de Ajuste del Gobierno central 5 años antes de lo previsto. La “regla de gasto” de las llamadas “leyes Montoro”, que imponían que en el caso de que hubiera superávit se dedicara a seguir pagando la deuda pública, fue aplicada por ZEC a rajatabla. Una performance incluso mejor que algunos gobiernos del PP. Tanto que cuando Montoro flexibilizó la “regla” en 2018, el Ayuntamiento de Zaragoza sugió pagando la deuda comercial con las contratas chantajistas. Aun así, la deuda pública municipal alcanza la astronómica cifra de 722 millones de euros, que sigue pagando toda la población de Zaragoza.

La alternativa del equipo municipal, como ellos mismos decían, era que una vez contraída la deuda y haber cumplido las reglas de gasto, el Ayuntamiento podría pedir financiación externa “en mejores condiciones para renegociar otros créditos, obteniendo intereses más bajos”. Es decir, seguir pagando la deuda con más deuda.

Podemos pedía reestructurar las reglas de Montoro e IU pedía quitarla, pero ni siquiera hubo una mínima “desobediencia institucional” para negarse a cumplir con las imposiciones de Montoro. El alcalde Santisteve se limitó a participar de un Encuentro de cargos políticos de Municipios, donde simplemente le pedían educadamente la retirada de la misma al gobierno de Rajoy. Evidentemente, la desobediencia institucional sin mediar la lucha de clases tiene claros límites, como demostró el otoño catalán de 2017. Sin embargo, cierto es que esta sencilla medida hubiera causado una enorme simpatía entre la población trabajadora.

Pero la “estrategia de la impotencia” de ZeC resultaba aún más irónica cuando el PSOE y Pedro Sánchez (a quien desde la izquierda neorreformista se considera un aliado para un posible “gobierno del progreso”) no solo se niega a eliminar las reglas del gasto de Rajoy que ya inventaron con el artículo 135, sino que ahora obliga a pagar 189 millones de euros al Ayuntamiento de Zaragoza por la deuda del tranvía. ¡Cuando sólo tiene el 20% de las acciones de la sociedad municipal!

Ni siquiera en lo que concierne a la recaudación y la gestión de impuestos la política de ZeC ha mostrado el más mínimo intento de “transformación”. La Iglesia Católica y la Concertada siguen sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y los bancos pagan lo mismo por sus pisos vacíos, con los que especulan a costa de la miseria y la desesperación del pueblo trabajador. A la llamada “auditoria ciudadana” se le ha quitado todo el filo anticapitalista de cuestionar la deuda y se la ha convertido en un instrumento útil para sanear las cuentas de la burguesía zaragozana. Y en cuanto a los engañosos “presupuestos participativos”, que no han entusiasmado más que al 0,96% de la población, solo sirvieron para “aconsejar” al Ayuntamiento acerca de la utilización de tan sólo 10 ridículos millones de euros, ¡frente a los casi 900 millones que se han pagado de deuda!

La Plataforma por la Auditoria de la Deuda ya planteo que la deuda pública es “técnicamente eternamente impagable” y un informe de la Comisión Europea planteó que incluso en condiciones económicas normales (que no lo son) y un saldo constante, se prevé que la deuda siga en torno en el 95% incluso en 2028. Desde este punto de vista, es una ilusión pensar que se pueden asumir las demandas sociales sin poner en cuestión tanto la deuda pública como los negocios capitalistas.

Municipalistas... sin remunicipalizar

La otra de las grandes apuestas municipales que pretendía acabar con las privatizaciones y el negocio en el sector público, la remunicipalización de las contratas, ha sido otra de las demandas que quedaron en papel mojado. De hecho, la última concesión para el uso del suelo público ha caído en el lucro de la empresa privada que se ocupa de los patinetes. Por otro lado, la actitud del consistorio hacia los trabajadores de las contratas osciló entre la equidistancia hostil y una política impotente.

La más notoria se produjo cuando la totalidad de los conductores de AUZSA salieron a la huelga durante más de cien días en 2016 contra el ultimátum de recortes que quería imponerles la multinacional. ZEC, de la mano de Artigas y Cubero, lejos de utilizar la ocasión para imponer la remunicipalización y apoyar a los trabajadores, se ubicó del lado de la campaña de desprestigio que la prensa y la empresa emprendieron contra los trabajadores. La política de ZEC se puso en evidencia cuando incluso presionó al Comité a convocar un referéndum en mitad de una huelga masiva para que los trabajadores votasen afirmativamente a favor de la empresa. UN referéndum que contra la política reaccionaria del “ayuntamiento del cambio” acabó con un rotundo “No” por parte de la mayoría de la plantilla.

En el resto de contratas (Parques y Jardines, Depuradora, 010, puntos limpios, etc.) la cosa no fue mejor. La hoja de ruta del Alberto Cubero, Responsable de Servicios Públicos, basada en la idea de esperar a la caducidad de los contratos para poder remunicipalizar, se ha mostrado un fracaso. Caducidad que en algunas empresas como AUZSA no iba a llegar hasta 2023.

En esas empresas, la gran cantidad de incumplimientos para rescindirles el contrato (cuya posibilidad ya planteaba el dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón) eran numerosos y obvios. Pero, más allá de las posibilidades y maniobras legales que se pudieran implementar, en aquellas empresas donde los contratos habían caducado o tenían la ocasión de remunicipalizarse, ZEC dejó en manos de la aritmética electoral y del PSOE la posibilidad de la remunicipalización.

Por ejemplo, cuando el PSOE y la derecha votaron en contra de la remunicipalización de la Depuradora de La Almozara o del 010 (durante la resistente huelga indefinida de las trabajadoras), los representantes del PSOE acusaron a Alberto Cubero de haber engañado a las trabajadoras todo el tiempo. Ya que sabían conscientemente que el PSOE votaría en contra de la remunicipalización. Algo totalmente lógico, considerando que el PSOE era uno de los principales responsables de las privatizaciones del servicio público.

Daba igual si los contratos caducaban o no cuando toda la “hoja de ruta” de Alberto Cubero estaba basada en un futuro y delirante apoyo del PSOE. Una utopía que dejaba paralizada la lucha de las plantillas.

Hacer frente a la oposición del PP, Ciudadanos y al PSOE, con el escandaloso apoyo de la Judicatura, solo podía llevarse a cabo llamando a la lucha y a la movilización social a los trabajadores de las contratas, utilizando al mismo tiempo las posiciones institucionales para desarrollarla. Algo que estaba muy lejos de la lógica política del ZEC, como se vio durante la huelga de AUZSA.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, se pasó de prometer 5.000 viviendas de alquiler social -que se calcula se necesitarían- y de hablar de la expropiación de las (ya miles de) viviendas vacías del SAREB y de las entidades financieras, a la mediación amistosa con las entidades bancarias y apelar a la “colaboración ciudadana” (a través del Proyecto “Alegra tu vivienda”) para captar vivienda con alquiler social.

Las 700 viviendas captadas entre ciudadanos y las 80 de construcción nueva se quedan lejos de resolver el problema, que de hecho va en aumento. El pasado marzo el Concejal de Vivienda, Pablo Hijar, tenía que reconocer que el número de expedientes con riesgo de desahucio había aumentado de 271 a 356 en 2019. El problema es obvio: sin tocar la propiedad de los grandes tenedores de vivienda no se puede frenar la especulación inmobiliaria. El porcentaje de desahucios entre los hipotecados se ha trasladado a aquellos que tenían un alquiler. Y a estos se le agregan los miles de “desahucios invisibles” que no se incluyen en las estadísticas. De familias o personas que no renuevan el contrato de alquiler por no poder seguir pagando, como ha denunciado el Sindicato de Inquilinas en Zaragoza.

El aumento de los precios de alquiler (que en la capital aragonesa crecieron un 7%) y la precariedad laboral de los trabajadores que no vieron aumentar sus sueldos o retrocedieron, son las principales causas detrás de este drama social. Por ello, mientras no se plantee un programa anticapitalista que proponga expropiar las viviendas en manos de los bancos y que organice la movilización para imponerlo, es imposible dar una solución estructural al problema habitacional.

Pero esta no son las únicas demandas sociales de las que se olvidó Zaragoza en Común.

UAPO: aunque la mona se vista de seda....

La Unidad de Apoyo Operativo, creada en 2007 en la Policial Local por el PSOE y CHA, arrastra un buen número de denuncias por abusos, especialmente hacia la juventud y personas inmigrantes. Los mismos han tenido una amplia cobertura mediática y han sido documentados y denunciados por la Asociación Derechos Civiles 15M, entre otros organismos. Tras cuatro años de “ayuntamiento del cambio”, esta situación se mantiene estructuralmente igual.

Aunque “la disolución de la UAPO” venia recogida en el programa electoral del ZEC y el propio Cubero reconoció que “siempre ha sido una reivindicación de la izquierda política”, todo el discurso ha quedado limitado a una reforma estética del cuerpo policial. La transformación más “radical” que llevo a cabo la concejala de la Policía Local, Elena Giner, fue el cambio de uniforme.

Los trabajadores invisibles de la ciudad

En este marco, las Kellys, los repartidores de comida como Deliveroo, Globo, Telepizza, los trabajadores de la hostelería, del comercio y un largo etcétera, que salieron a la lucha y que representan gran parte de la población trabajadora de Zaragoza, siguen padeciendo una impresionante precariedad laboral. Explotación laboral, bajos salarios, recortes sociales y derechos democráticos son el pan de cada día. Y todo esto pasa en suelo urbano.

El conflicto en las licencias de bares y de restauración desveló que el Ayuntamiento de ZeC y el Gobierno de Aragón (sostenido por Podemos) miraron a otro lado cuando se demostró que la posibilidad de poner a la patronal de la ciudad en un aprieto estaba en sus manos, por ejemplo, imponiendo clausulas sociales y derechos democráticos a las licencias urbanas. Lejos de luchar por un verdadero programa obrero de emergencia social que le imponga el costo de la crisis a la patronal, el concejal Muñoz se escudó en que eso era “una cuestión más laboral que de urbanismo”.

Por una extrema izquierda sin complejos

Lejos de ser “un proyecto valiente y abierto, que no le hace el juego a los grupos de poder y que surge de los movimientos sociales y de los barrios de la ciudad”, como dice la referente de Anticapitalistas, Julia Cámara, en su presentación para las primarias de ZeC junto a Santisteve y Luisa Broto, lo que Zaragoza en Común ha demostrado hasta ahora es exactamente lo opuesto: cobardía frente a los grupos de poder, a quienes les ha hecho verdaderamente “el juego”, contra los intereses de los trabajadores y la mayoría social de Zaragoza.

Después de tantos incumplimientos, el balance de cuatro años de gobierno municipal lo único que ha probado es que, para resolver los problemas estructurales del capitalismo, la gestión del estrecho marco de la miseria de lo posible dentro de las instituciones del Régimen, la rebaja del programa y la estrategia de la impotencia basada en confiar en los partidos de la casta, no es una alternativa.

Hace falta un partido que se proponga impulsar la autoorganización y la movilización de la población asalariada, junto a las mujeres y la juventud; que estructure su política alrededor de la lucha de clases y pelee por un programa anticapitalista que cuestione los negocios de los capitalistas. Una extrema izquierda sin complejos.

 
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