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La Izquierda Diario

Lunes 19 de Agosto de 2019

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HUELGA PRECARIOS UNIVERSIDAD
No es solo Telepizza, la Universidad Pompeu Fabra también paga por debajo de la ley
Ernesto Castilla | ContraCorrent Barcelona

Los días 26 y 28 de junio todo el personal docente e investigador de la Universitat Pompeu Fabra está llamado a la huelga por la aplicación del Estatuto de Personal Investigador en Formación y su regulación contractual.

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Hace ya más de 3 meses desde que el gobierno aprobó el Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF), el cual incluía una serie de mejoras en las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales, entre ellas un aumento de sueldo para el tercer y cuarto año de contrato y la fijación de las horas de docencia en un máximo de 180 durante la duración total del contrato.

Sin embargo, son varias las universidades que se han negado a aplicar el nuevo estatuto y muchas otras lo han hecho solo tras la dura lucha levantada por las y los jóvenes precarios afectados, como por ejemplo en la Universidad Autónoma de Madrid.

Una de las incumplidoras es la Universitat Pompeu Fabra .Ayer día 26 de junio, tuvo lugar el primer día de huelga en esta universidad a la que estaba llamado todo el personal docente e investigador (PDI). El Colectivo de “Doctorandxs en Lucha” denunciaba en un manifiesto que la universidad lleva años contratando estudiantes de doctorado como asistentes de docencia mediante el uso de contratos de prácticas fraudulentos. A pesar de ello, parece ser que la UPF tampoco se plantea llevar a cabo una regulación de dicha situación para el curso que viene.

A su vez, los doctorandos también exigen que se aplique de manera íntegra el EPIF y hacen especial hincapié en el salario mínimo previsto en el artículo 4 y la extensión automática de todos los contratos predoctorales hasta los 4 años.

Por su parte, la Universidad de Barcelona continúa sin aplicar el nuevo estatuto y utilizando a estudiantes con becas de colaboración para ocupar puestos de trabajo.
Para enfrentar esta situación, los doctorandos de la UAB llevaron a cabo una gran jornada de huelga el día 28 de mayo exigiendo la aplicación del EPIF e incluso llegaron a convocar una nueva para los días 11, 12, 13 y 14 de junio, la cual fue finalmente desconvocada tras el acuerdo de aplicación alcanzado entre CGT, UAB y el Colectivo “Doctorandxs en Lucha”.

No obstante, esta victoria resultó parcial pues cabe señalar que el Equipo de Gobierno pretende cancelar la convocatoria de nuevos contratos de Personal Investigador en Formación (PIF) en aras de obtener la financiación para costear las mejoras , es decir, atacar a un colectivo todavía desestructurado y continuar precarizando; eso sí, conforme a la ley.

Esta maniobra resulta absolutamente cínica, ya que observamos cómo el problema para aquellos que dirigen las universidades no está en la precariedad de la misma, sino en cómo conseguir mantenerla sin que les ocasiones grandes incidencias, en otras palabras, sin tener que enfrentar huelgas como las de los doctorandos o los becarios.

Además, esta jugada sienta precedente para el resto de universidades en donde todavía siguen peleando por la aplicación del nuevo estatuto, pudiendo llegar a ser utilizada como amenaza para hacer sentir los investigadores en formación actuales que la cancelación de nuevas plazas es responsabilidad suya, cuando representa el modelo de universidad perseguido por quienes las gobiernan.

Gran parte de la problemática surgida respecto a la aplicación del nuevo estatuto viene dada por la actuación del gobierno, ya que éste lo aprobó sin dotar a las universidades de más presupuesto. No obstante, la falta de nuevos ingresos no puede convertirse en la defensa de los equipos de gobierno que se niegan a aplicar el estatuto.

El mismo régimen de explotación que ampara a empresas como Telepizza que no pagan la subida del salario mínimo a sus trabajadores es el que impera dentro de las universidades, que se sostiene sobre las espaldas de la mayoría de profesores asociados que no llegan ni a 500 euros mensuales, los estudiantes becados que son utilizados para ocupar puestos de trabajo y los doctorandos que se ven negados de un aumento de salario recogido por la ley.

 
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