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La Izquierda Diario

Domingo 25 de Agosto de 2019

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ASAMBLEA NACIONAL CUP
La CUP prepara su refundación estratégica, o no tanto
Santiago Lupe | @SantiagoLupeBCN

La CUP realizará este domingo una asamblea nacional para redefinir su estrategia en el marco político postprocesista. La visión parcialmente crítica de su política en 2017 no se traduce en una ruptura con los elementos centrales de su estrategia de “mano extendida”, desobediencia y unilateralidad.

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Cuando se acerca el segundo aniversario del otoño catalán, la CUP se prepara para realizar una asamblea nacional que se ha anunciado como histórica y de carácter refundacional. Será este domingo 14 de julio en Celrà (Girona) y en ella busca actualizar su estrategia al nuevo marco político posterior al fracaso del “procés” catalán.

No han sido estos unos meses fáciles para la CUP. En este tiempo hemos visto emerger una importante divergencia táctica al calor de la convocatoria de elecciones generales, con la decisión de Poble Lluire de concurrir a las mismas en una coalición junto al exsecretario general de Podem, Albano Dante Fachín. O la dimisión de Mireia Boya y otros miembros del Consell Nacional a raíz de su denuncia pública de prácticas machistas en el seno de la organización.

Han sido también los meses de la pérdida de respaldo electoral. Primero en las autonómicas del 155, el 21D, cuando pasó de 10 a 4 diputados y diputadas. Y recientemente en las municipales, donde cosechó 50.000 votos menos que hace cuatro años, con una especial bajada en el área metropolitana y en la capital, Barcelona, quedando fuera del nuevo consistorio.

En este tiempo poco ha transcendido sobre las diferentes posiciones dentro de la CUP acerca del balance del “procesisme”, el otoño catalán y su política durante estos acontecimientos. Pero sí que se ha ido instalando poco a poco en bastantes sectores y voces relevantes de este espacio político un discurso crítico con el “seguidismo” practicado a la dirección procesista y la incapacidad de marcar una “hoja de ruta” independiente a la de Govern catalán, en especial en los días posteriores al referéndum.

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Para esta asamblea extraordinaria se han podido conocer los ejes centrales de la ponencia marco presentada para el debate bajo el título “Combatamos la resignación, preparémos para volver”. No será el único documento, ya que se esperan otras contribuciones y no pocas enmiendas, pero por ser la referencia principal para la discusión, nos referiremos a él.

Una autocrítica que carga las tintas en el “otoño catalán” pero ¿cómo se llegó al 1-O?

El punto de partida sigue siendo una fuerte crítica a la dirección procesista y una autocrítica a la falta de una política independiente de ésta durante el “otoño catalán”. Una autocrítica que, como señalabamos hace unos meses en este artículo, pasa por alto que la falta de preparación para ofrecer una hoja de ruta alternativa a la del Govern y las entidades soberanistas, no puede explicarse solamente con la política llevada adelante por la CUP en esas jornadas -de total “seguidismo”-, sino que era la continuidad de una política de al menos 5 años.

La CUP asume que en el “otoño catalán” no supieron ofrecer una alternativa a la política de contención y claudicación llevada adelante por el Govern, lo cual es completamente cierto. Pero todavía deja sin responder cual era esa otra política alternativa, más allá de insistir en haber mantenido la “unilateralidad” y la “desobediencia” que, como quedó demostrado, fueron dos elementos de una orientación con pies de barro frente a la represión del Estado. ¿Qué otra cosa habría que haber hecho entre el 20S y el 27O? Responder esto, sin cuestionarse qué otra cosa había que haber hecho entre 2012 y 2017 es un ejercicio de imposible resolución.

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Ante la claudicación esperable de parte de los Puigdemont y Junqueras, de la que dieron claros adelantos antes y después del 1-O -recordemos la república de 10 segundos del 10-O-, desde las filas de la izquierda independentista faltó quien la denunciara abiertamente y propusiera un plan de movilización y autoorganización independiente, orientado a convertir aquellas jornadas en un proceso abiertamente revolucionario, la única vía realista para conquistar la república y poder definir su contenido social y de clase en favor de los sectores populares. Pero una política así no requería solo de su “enunciación”; las condiciones para hacerla posible eran parte de la preparación que se debía haber hecho los años anteriores y que la concepción etapista mayoritaria en la izquierda independentista impidió.

Nos referimos a la “mano extendida” al Govern, ANC y Ómnium para conquistar el derecho a decidir con esta dirección al frente. Todos juntos, con los representantes políticos históricos de la burguesía catalana en el timón de mando, para conquistar la república; esta era la etapa, o “pantalla”, en la que se suponía que estábamos. Sin embargo esos compañeros de viaje convertidos en “capitanes” ni querían un 1-O como el que tuvo lugar, ni menos una huelga general como la del 3-O, ni todavía menos abrir ninguna dinámica de movilización social que permitiera efectivamente hacer valer el resultado del referéndum. Es decir, que se negaban a poner en marcha las fuerzas sociales necesarias capaces de hacer efectivo el derecho a decidir.

Del mismo modo que los movimientos nacionalistas burgueses en los países semicoloniales fueron incapaces históricamente de enfrentar seriamente al imperialismo, de afectar los intereses de las élites reaccionarias ni de llevar adelante las tareas democráticas de una revolución decididamente burguesa; la burguesía catalana, por su propia naturaleza de clase, se ha negado históricamente a poner en marcha las fuerzas sociales necesarias capaces de hacer efectivo el derecho a decidir. Su mayor temor no era la represión del Estado español, sino que se desencadenara un verdadero movimiento de masas obrero y popular, que a su vez amenazaría su propia existencia social.

La CUP en este tiempo podría haber mantenido una firme advertencia y denuncia de esta “falsa dirección”, que inevitablemente conducía a la derrota, como terminó constatándose tras la retirada posterior al 27O y sus diferentes intentos desde la fecha para volver a un nuevo marco autonomista. Pero no lo hizo. Ubicada tras una política de leal colaboración, renunció a conformar un bloque de independencia de clase, que no solo se ubicara como un ala consecuente para pelear por el derecho a decidir, sino que vinculara esta pelea democrática con la resolución de los grandes problemas sociales por medio de un programa anticapitalista.

Esto hubiera implicado no ser parte del bloque soberanista, mantenerse en una trinchera también contra el Govern por su demagogia respecto a la lucha por el derecho a decidir y por sus políticas antiobreras y antipopulares que no han dado tregua alguna en estos años. Solamente así era posible ampliar el movimiento hacia la izquierda, incorporar de manera significativa y sostenida a la clase obrera catalana hasta que ocupase un lugar central y hegemónico y abrir la vía para suscitar la solidaridad y la lucha común contra el Régimen del 78 del resto de la clase trabajadora y los sectores populares del Estado.

Desobediencia y unilateralidad ¿es realmente una refundación estratégica?

Estos límites en el balance tienen importantes consecuencias a la hora de proponer cuál deben ser los ejes de la refundación estratégica de la izquierda independentista. No impugnar el abc de la política de “mano extendida”, abre las puertas a una reedición de la misma, aunque en unas condiciones aún peores, con menor presencia y actividad del movimiento de masas, mucha desorientación y una intensa campaña de represión cuya máxima expresión son los presos políticos y exiliados.

En el eje nacional el documento sigue sosteniendo que la clave es reeditar una combinación entre la movilización social por abajo y la desobediencia institucional y unilateralidad por arriba. El mismo esquema puesto en marcha en el “otoño catalán” y que sigue dejando en manos de la vía “por arriba” la última palabra. El papel de la movilización sigue siendo subsidiario o de presión, para forzar a los partidos e instituciones a mantenerse en una desobediencia hasta el final, que no se dice como se sostendría materialmente.

Tras la reacción represiva del Estado o los atisbos de guerra económica de los grandes capitalistas después del 1-O, cabría preguntarse si el simple hecho de mantenerse en una posición de desobediencia gubernamental garantizaría el establecimiento de una república catalana y, más dudoso todavía, la implementación de políticas sociales de un contenido anticapitalista.

La CUP se mantendría así en una estrategia que no pone en el centro algo fundamental: quebrar la resistencia del Estado y las grandes empresas solo es posible por medio de una movilización social que tenga a la clase trabajadora al frente, con sus métodos de lucha -como la huelga general y la autoorganización- para hacerse con el control del territorio, la economía y las grandes infraestructuras, preparar la autodefensa y poner las bases para un gobierno que emerja de las clases populares y no de la vieja institucionalidad autonómica.

Una hoja de ruta así no es una oferta asumible a los oídos de JxCat y ERC, los dos partidos que han defendido históricamente los intereses de las grandes familias catalanas. Pero sería la única capaz de disputarle la hegemonía a esta vieja casta por parte de la clase trabajadora, y sobre todo la única realista si lo que se pretende es promover una ruptura con y del Régimen del 78 y abrir un horizonte de transformación social.

La ruptura o separación con estos dos partidos está planteada en el documento marco como un elemento coyuntural, motivado por su abandono del unilateralismo y la desobediencia. Se deja la puerta abierta a una recomposición del bloque soberanista si se regresa a estas coordenadas. El problema es que esto pasa por alto las dos principales lecciones del 2017. En primer lugar, que estas fuerzas nunca harán más que lo que hicieron; y lo que hicieron, nunca dará un resultado distinto al de la derrota o la claudicación. En segundo lugar, que asumir a estas formaciones como compañeros de viaje es contrario a pretender que la lucha por el derecho a decidir reemerja con un cambio de piel, con una composición social diferente y con un cambio de hegemonía hacia la clase trabajadora aliada con los sectores populares.

Antes que una “refundación” de la estrategia de colaboración de clases y unidad nacional, el eje democrático el documento es más bien una reiteración de la misma, a la espera de que un nuevo reverdecer del movimiento de masas vuelva actuar de presión sobre estos viejos partidos para que recreen su política de 2017, algo por ahora muy poco probable.

El peligro de transitar a ser otra izquierda de gestión de lo posible

En el eje social, hay más novedades, pero que conservan lo esencial de esta estrategia. El documento propone la búsqueda de acuerdos amplios de izquierdas y soberanistas capaces de mover hacia la izquierda a los partidos así autodefinidos y con presencia en el Parlament. Incluso se plantea la posibilidad de formar parte de un gobierno de este tipo, en caso de que haya una mayoría suficiente en una posible convocatoria electoral, y que éste avanzara en medidas sociales también haciendo uso de la “desobediencia”.

En términos más concretos, esta nueva política de alianzas se dirige al espacio de los Comunes y ERC. Dos formaciones que se vienen caracterizando por aplicar una política que varía desde la gestión “progre” en algunos ayuntamientos, hasta las políticas abiertamente neoliberales como ocurre en la Generalitat. ¿Se está deslizando la CUP a convertirse en socio de gobiernos de este tipo como ya ensayara en los ayuntamientos de Badalona o Sabadell por nombrar solo los más importantes?

Justificar esto como una vía para la ampliación de derechos civiles y sociales, es negarse a ver que no hay espacio ni marco posible desde la gestión gubernamental para ello, y menos con semejantes compañeros de viaje. Basta ver el balance de los llamados “ayuntamientos del cambio”, incluidos aquellos en los que la CUP ha sido parte. O más dramáticamente, el caso del gobierno de Syriza, que acaba de dejar paso a un nuevo gobierno de la derecha después de 4 años de aplicación del memorándum de la Troika.

Si derechos democráticos como el de autodeterminación no se puede conquistar si no es desarrollando una gran movilización social ¿qué podemos decir de acabar con el paro, la precariedad, el problema de la vivienda o de los servicios públicos? Para poder abordar esta agenda social son necesaria medidas abiertamente anticapitalistas.

Muchas medidas de este tipo, como expropiaciones o la nacionalización de la banca, son parte (o lo han sido) del programa de la CUP. Sin embargo, un programa que indica correctamente que medidas queremos conquistar, pero no señala cómo se propone conquistarlas, con qué estrategia, queda reducido a una declaración de intenciones. Lamentablemente, la política de colaboración de clases de estos años ha hecho que las medidas anticapitalistas defendidas por la CUP quedarán reducidas a eso mismo.

¿O acaso duda alguien que medidas de este tipo nunca serían asumidas por la centroizquierda catalanista o el neorreformismo? Pues no, nunca. Para imponer un programa anticapitalista es necesario desarrollar esa misma autoorganización y movilización social con la clase obrera al frente de la que hablábamos para referirnos a la lucha por quebrar el Régimen del 78.

Querer sustituir esto por una política de pactos y cogobierno con la izquierda institucional no puede conducir a otro sitio que a ser un actor subsidiario de este espacio, de la misma manera que éste lo es del PSC o JxCat. Y al mismo tiempo, contribuir a las mismas ilusiones que vienen jugando un rol desmovilizador y desmoralizador desde el año 2014 y son un elemento clave de las tendencias del Régimen a buscar una reestabilización.

Frente a esta "nueva" orientación que propone el documento marco, la necesidad de sacar lecciones estratégicas hasta el final de la experiencia de la lucha de clases del último período se torna aún más necesaria.

Es posible una política de independencia de clase y anticapitalista

El debate seguirá abierto, al menos hasta el domingo. El malestar y autocrítica que se ha venido expresando en los últimos meses es profundo entre amplios sectores de la militancia y la base social de la izquierda independentista.

De la lectura del documento marco se desprende que hay un riesgo real de que esta reflexión acabe cerrándose, a nuestro entender, en falso. Las críticas a los elementos más cuestionables de la política sostenida en el otoño catalán es necesario ligarlas a un exámen crítico de cuáles fueron sus raíces, tanto programáticas como estratégicas. La política de conciliación de clases o de cambio por “etapas”, es tributaria de la concepción de que la conquista de derechos es solo posible como un proceso gradual, en el que la movilización social es un elemento importante, pero con un papel subordinado y de presión, donde la decisión final seguirá estando en los espacios institucionales conquistados por la vía electoral y los acuerdos con las formaciones de la vieja y nueva casta política catalana.

Romper con esta concepción sigue siendo un elemento central para poder retomar la lucha por el derecho a decidir y una transformación social anticapitalista -que la izquierda independentista sintetiza históricamente en la consigna de “independencia y socialismo”- sobre nuevas bases, fundamentadas en las lecciones que dejó el otoño de 2017.

La CUP tiene por delante una disyuntiva clave. O transitar hacia una combinación de activismo social de presión y trabajo institucional y gestión gubernamental en clave reformista. O proponerse contribuir al desarrollo de la movilización social independiente poniendo al servicio de ésta todas sus posiciones institucionales, y ser un polo que trate de agrupar a todos los sectores que quieren combatir por el derecho a decidir, pero también contra la precariedad, los despidos, el problema de la vivienda o la lucha por los servicios públicos.

Esto solo podrá hacerse desde una posición de total independencia, tanto del bloque soberanista como del espacio de los Comunes, que se han convertido definitivamente en los leales socios del social-liberalismo, para que esa “vuelta a lo social” sirva a su vez de fermento para la constitución de un agrupamiento político de independencia de clase y con un programa anticapitalista, que se prepare para disputar la dirección del movimiento democrático catalán.

 
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