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La Izquierda Diario
6 de diciembre de 2021 Twitter Faceboock

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
Estrasburgo pide al Estado español que modifique la “ley mordaza”: “las autoridades deben tolerar las manifestaciones espontáneas”
Jaime Castán | @JaimeCastanCRT

El Consejo de Europa insta a reformular la Ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”. También se ha pedido la reformulación del código penal en lo relativo a las injurias a la Corona y al enaltecimiento del terrorismo, que fueron la base del encarcelamiento de Hasél.

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El Consejo de Europa, localizado en Estrasburgo (Francia) es una organización compuesta por los distintos Estados europeos cuyo objetivo, al menos formalmente, es velar por el respeto de los “derechos humanos” en la UE. Pero, aunque esta institución no escapa a los intereses imperialistas de la Europa del capital, la Comisión de Venecia, uno de sus órganos consultivos, ha publicado un informe que señala la necesidad de modificar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”.

Para la Comisión la ley "contiene una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipo de medidas se pueden tomar”. Esta falta de indefinición dejaría un amplio espacio a arbitrariedades y abusos policiales, teniendo en cuanta además que “algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia”. Sin olvidar que la ley contempla multas de tan gravedad sobre supuestos delitos, como multas de 600.000 euros, que pueden terminar en el ámbito del derecho penal.

El informe añade en un punto: "en vista de la definición imprecisa de algunos delitos (más notablemente el que habla de la desobediencia a las autoridades), estas multas pueden tener un efecto paralizador en el ejercicio de la libertad de reunión. Por tanto, conviene reconsiderar los importes de las multas".

Considera que “es importante fortalecer el mecanismo de seguimiento interno dentro de la propia policía, que ayudaría a identificar patrones de uso de las competencias policiales, detectar abusos (como verificaciones de identidad arbitrarias, perfiles discriminatorios, etc.), facilitar posteriores inspecciones externas de las fuerzas policiales y, en última instancia, permitir al Parlamento analizar la práctica del uso de poderes coercitivos y modificar la legislación en consecuencia. También puede ser necesario reforzar los mecanismos existentes de revisión judicial de la acción policial y hacerlos más eficientes y accesibles”.

Para la Comisión es preciso corregir esta indefinición y amplitud de la ley que luego es aplicada en contextos concretos que menciona en su propio informe, como los registros personales y corporales en la vía pública, en las intervenciones ante manifestaciones organizadas de forma espontánea o las devoluciones en caliente de personas migrantes en la frontera española en Ceuta y Melilla.

Del mismo modo, el informe señala que “la presunción de veracidad de los informes de la policía, la ejecución inmediata de fuertes multas y la falta de derecho a asistencia letrada debilitan la posición de los imputados frente al Estado”. Situaciones que tantas veces hemos visto en las distintas causas contra activistas, periodistas o sindicalistas.

Sobre las manifestaciones la Comisión señala, en primer lugar, que "la ley debe especificar que las autoridades deben tolerar las manifestaciones espontáneas, incluso aquellas que no fueron notificadas con antelación o que se desvían de las condiciones establecidas en la notificación, a menos que exista un riesgo comprobable de ’desorden sustancial". Por otro lado, "debería especificar que los organizadores y promotores de manifestaciones no pueden ser responsabilizados por la falta de notificación a las autoridades o por el incumplimiento del formato establecido en la notificación si la concentración fue espontánea o si las desviaciones no pudieron ser previstas razonablemente o evitado por los medios a disposición de los promotores y organizadores".

Advertencias de una Comisión que no tiene ninguna sospecha de “izquierdista” sino todo lo contrario, pero que avisa sobre el nivel represivo y los ataques a las libertades democráticas y de manifestación que se pueden perpetrar bajo esta ley de Seguridad Ciudadana.

Claramente lo hemos visto en las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél o en las de este 8M en Madrid que enfrentaron la prohibición del Gobierno, donde dos compañeras de Pan y Rosas fueron identificadas por la policía y trataron de hacerlas responsables de una manifestación espontánea que se autoconvocó por la tarde.

Este pasado sábado lo volvimos a ver en Madrid en una convocatoria por la libertad de Hasél y contra la represión, que fue impedida por el Gobierno con un enorme despliegue policial y con identificaciones masivas.

Estos días también, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, justamente se pronunciaba sobre encarcelamientos como el de Hásel y otros artistas y activistas. En una carta señalaba sobre las limitaciones a la libertad de expresión: "un derecho de crucial importancia para un debate público libre y plural”. También apuntaba a la "interpretación excesivamente amplia" que hacen los tribunales españoles del concepto del discurso de odio y del enaltecimiento del terrorismo. La comisaria invitaba al Estado español a considerar la despenalización de los insultos a los sentimientos religiosos y de la difamación.

Todo este aparato legal liberticida del Estado español que hasta los propios organismos europeos de “derechos humanos” están cuestionando por sus excesos, es aplicado, sin embargo, por gobiernos que se dicen “progresistas” y no han derogado nada. La ley Mordaza ha sido más utilizada que nunca durante los meses de pandemia. De igual forma las fiscalías y delegaciones del Gobierno han sido cómplices de sentencias como la de la Audiencia Nacional en el caso de Hasél y mandan a los cuerpos antidisturbios a desahucios y manifestaciones. Lo mismo la Generalitat de Catalunya con los Mossos.

Ningún apoyo a gobiernos del PSOE y Unidas Podemos, o de Junts y ERC. No se puede mirar para otro lado ni justificar el apoyo como “mal menor”, como una parte de la izquierda está planteando para las próximas elecciones en Madrid o como el apoyo que la CUP está dando a Pere Aragonés en Catalunya. La lucha contra la represión tiene que avanzar haciendo bandera de un programa verdaderamente radical: disolución de la policía y todas las fuerzas represivas.

 
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