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21 de septiembre de 2021 Twitter Faceboock

Debates
La "Vocería de los pueblos" y el carácter de la Convención Constitucional en Chile
Juan Valenzuela | Profesor de filosofía. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.

Esta semana la política chilena se vio sacudida por la declaración de 34 constituyentes agrupados en la "vocería de los pueblos" que no reconocen los límites que el llamado "Acuerdo de paz" de noviembre de 2019 le impone al funcionamiento y alcance de la Convención Constitucional. La derecha y la exconcertación salieron rápidamente a cuestionar a la vocería. También se tuvieron que pronunciar el Frente Amplio y el Partido Comunista ¿Cómo lograr romper efectivamente con los poderes constituidos?

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Hace algunas semanas escribíamos en una columna para este mismo semanario que no hay que respetar el rayado de cancha del pacto por la paz a la Convención. Eso, porque el pacto por la Paz firmado por los partidos del orden y parte del Frente Amplio en noviembre de 2019 tuvo el objetivo de desviar la rebelión a un proceso constituyente con trampas.

A nuestro entender, el hecho de que los 34 constituyentes articulados en la Vocería de los Pueblos emitieran su declaración, genera un marco político más propicio para que discutamos cómo lograr efectivamente romper con ese acuerdo a la medida de los poderes constituidos y los capitalistas, que no quieren siquiera revisar sus tratados internacionales. Es un paso, ahora necesitamos discutir cómo hacer para que esas medidas triunfen.

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Reacciones

La declaración de la Vocería de los Pueblos propone una articulación de seis puntos políticos que -en su visión- permitirían marcar un quiebre con las violencias del Estado en el nuevo ciclo político abierto con el proceso constituyente.

Quienes escribimos en este semanario, consideramos que "terminar con las violencias del Estado" contra el pueblo trabajador va de la mano con la lucha por otro Estado: un Estado de las y los trabajadores basado en la autoorganización. Aún así, es cierto que las medidas propuestas por la Vocería constituyen medidas democráticas básicas que es necesario plantear consecuentemente si no queremos que la activación de la Convención les sea útil a los de siempre para "restaurar" su paz social basada en la miseria de millones.

El primero de estos puntos es “poner fin a la prisión política en Chile, liberando a los presos políticos de la revuelta y mapuche”. Además plantean verdad y justicia por las violaciones a los DD.HH, reparación a las víctimas, desmilitarización de Wallmapu, no más expulsiones de inmigrantes y soberanía efectiva para la Convención.

Desde el gobierno se apresuraron a contestar. Por ejemplo, a través del ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, que en Chile no hay presos políticos. Un negacionismo reiterativo durante el último tiempo.

En los medios no faltaron las reacciones prepotentes, como la del periodista Tomás Mosciatti que le recordó a estas y estos convencionales que referirse a asuntos de reparación por violaciones a los Derechos Humanos es algo que está fuera de sus competencias, evidentemente para “blindar periodísticamente” a las instituciones que se ven contrariadas con la opinión de los 34 convencionales de la Vocería.

Algunos dinosaurios de la política vinculados a la ex Concertación, también emitieron una dura declaración contra la Vocería: entre otros, José Miguel Insulza, Soledad Alvear, Carlos Abel Jarpa, Mariana Aylwin, Andrés Velasco, Gutenberg Martínez. Revelando su espanto invitan a rechazar “estos intentos de polarizar la discusión constitucional, crispar y enrarecer el debate, abrir paso a manifestaciones de violencia, de funas y descalificaciones que ensombrecerían y pondrían en riesgo el proceso constituyente que todas y todos hemos democráticamente decidido”.

Sólo Apruebo Dignidad -el sector conformado por el PC y el Frente Amplio- ha tenido una reacción distinta, pero que conduce, a fin de cuentas, a lo mismo: al respeto del poder constituido y del acuerdo del 15 de noviembre de 2019.
Para el abogado constitucionalista Fernando Atria -electo constituyente por el Distrito 10-, varias de las garantías planteadas por la Vocería de los Pueblos, son “plenamente razonables”, como la libertad a los presos de la revuelta o la reparación por violaciones a los DDHH. Pero el quórum de 2/3, a su entender, hay que mantenerlo, pues es lo que -según su forzada visión-, permitirá que la Constitución sea fruto de acuerdos y no de imposiciones. Esa visión le abre las puertas la línea planteada por el legislador derechista, Francisco Chahuán: que su sector busque acuerdos con la ex Concertación en la Convención. De esa manera, los representantes de los 30 años y de la herencia de la dictadura, podrían eventualmente alcanzar el tercio necesario para obstaculizar cualquier medida que atente contra los intereses de los grupos capitalistas.

Aun así, para Fernando Atria, si eventualmente la Convención quisiera revisar lo que se estipula en el acuerdo por la Paz del 15N tendría que discutir ineludiblemente con el actual Congreso. Para él es éste -un órgano de la actual Constitución-, el que tendrá la potestad de modificar o no lo acordado el 15N y el capítulo XV de la Constitución que regula lo pactado para el proceso constitucional por los partidos del orden. En otras palabras: para el abogado, los constituyentes pueden discutir pero quien manda es el Congreso (y el marco ya establecido el 15N). La Vocería de los Pueblos o la Convención incluso, pueden plantear lo que se les antoje. Pueden decir que están por la “libertad de los presos de la revuelta”. Pero la manera de procesar todos estos planteamientos es respetando los marcos impuestos por el acuerdo y las instituciones existentes. Opina, no decidas. A eso se puede reducir el planteo de Atria (o el de Gabriel Boric). Es decir, se defiende el derecho a opinar sin defender necesariamente las ideas vertidas por la Vocería de los Pueblos.

Sutilmente distinta es la postura del Partido Comunista. A través de su encargado de relaciones políticas, Juan Andrés Lagos, el PC se posicionó de acuerdo con la Vocería de los Pueblos en el cuestionamiento al acuerdo del 15N, señalando que el objetivo de aquel pacto fue aplacar el estallido y la revuelta obrera y a quienes eran protagonistas del impulso transformador. Lagos, cuestiona la idea que por estos días han defendido los sectores que defienden el pacto: que el plebiscito en el cual ganó el apruebo, tiene como origen el pacto del 15N. Para Lagos, el origen es el estallido social y la revuelta obrera. Compara el pacto del 15N con los pactos de la transición. Por esa razón considera grave y antidemocrático que se quiera deslegitimar lo que dicen los 34 constituyentes. Sin embargo, Lagos silencia el papel que cumplió la CUT en ese entonces dirigida por el PC y el propio PC: iniciaron una tregua de hecho con el gobierno renunciando a la demanda fuera Piñera que se escuchaba en las calles. Del mismo modo, no pone sobre la mesa el hecho de que la pasividad del PC en el escenario de crisis social derivada de la pandemia que implicó cientos de miles de despidos y suspensiones, su partido jugó un triste papel, a favor de la ley de suspensiones y eludiendo cualquier mínima resistencia a la destrucción de puestos de trabajo desde la CUT.

En realidad, al PC tampoco le interesa desarrollar el “impulso transformador” de trabajadoras y trabajadores y sectores populares, sino sólo sumar fuerzas y ganar base social para la candidatura presidencial de Jadue y establecer una mejor relación de fuerzas con sus propios aliados: el Frente Amplio. Para contribuir a un camino alternativo al que impone la reglamentación del “pacto por la Paz”, no basta con denunciar ese pacto en las palabras: hay que poner en movimiento las fuerzas de la clase trabajadora. Las posiciones sindicales pueden ser un importante engranaje para ese fin, pero el PC, que tiene bastantes de esas posiciones, sólo demuestra que prefiere la pasividad a la lucha. ¿O ha puesto su fuerza en los sindicatos al servicio de preparar un paro por la libertad de los presos políticos ahora que empezará a sesionar la Convención?

Y si es más que una opinión ¿cómo hacemos?

El sector político que representan Atria, Boric o Jadue -la izquierda reformista y neorreformista del régimen- necesitan dialogar y articularse con las posiciones políticas que representa la Vocería de los Pueblos. En el caso del Frente Amplio, hacer eso es la vía para recomponer su legitimidad en los sectores que cuestionaron su papel durante la rebelión a raíz del acuerdo del 15N de 2019 y sus constantes traiciones y volteretas políticas -como su papel oscilante frente a la Ley Antibarricadas. En el caso del PC, se trata de hablarle a franjas sociales que criticaron el pacto por la Paz y que desconfían de los “arreglines” entre gallos y medianoche, pero, a fin de cuentas, para llevar aguas al molino de su coalición con el Frente Amplio de Gabriel Boric.

Recordemos que el mismo Gabriel Boric considera “bizantino” discutir el acuerdo del 15N, en otras palabras, cree que es una discusión completamente inútil. Un ejemplo de una discusión bizantina: ¿En qué sentido puede ser Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y aun así ser uno? En resumen, una discusión bizantina es una discusión que no lleva a ninguna parte.

Por ende, el PC se comporta como el “puente” capaz de llevar el torrente del impulso transformador a los cauces del régimen: a la Convención Constitucional y a una eventual presidencia de Daniel Jadue que deberá pasar por el filtro de la primaria con el Frente Amplio. Por esa razón al PC “le da lo mismo” estar coaligado con el Frente Amplio de Boric que considera que hablar del acuerdo del 15N es como debatir una estupidez, y -al mismo tiempo- hacerle un guiño a quienes consideran que ese mismo acuerdo hay que dejarlo atrás. De esa manera, el PC actúa buscando agregar fuerzas para un proyecto reformista antineoliberal.

Lo que parece una discusión bizantina es lo que hace Atria o Boric: encontrar “razonable” hablar de libertad de los presos políticos de la revuelta y mapuche pero no plantear medidas serias y claras para que eso ocurra; defender el derecho de opinión, mientras se respeta lo ya establecido en el acuerdo del 15N y se descalifica y menosprecia la crítica al acuerdo, tildando ese debate de “bizantino”. ¿Y el PC? No escapa a “lo bizantino”: compara el pacto del 15N con la democracia de la transición pero se alía con Boric y el Frente Amplio.

¿Cuáles son las medidas serias para empezar por el primer punto de la declaración de la Vocería de los Pueblos? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo estos días: cómo liberar efectivamente a las y los presos políticos. A nuestro modo de ver hay que tomar cuatro medidas básicas:

A) Sesionando una primera vez en la Convención Constitucional se puede proponer votar la libertad inmediata de los presos políticos. Para hacer eso no hay que esperar una “nueva Constitución”. Someter esto a votación permitirá medir quién es quién en la Convención, permitirá saber quiénes están con el pueblo y quiénes son traidores, quiénes se asustan con los rayados de cancha de los partidos del orden y del capital, y quiénes no. No podemos conformarnos con hechos como que Fernando Atria considere “razonable” debatir sobre eso. Lo importante es ¿votaría a favor? ¿O considera que es una insolencia en contra del acuerdo del 15N someterlo a votación en la primera sesión de la Convención?

B) Habría que preparar una moción para que los jueces comiencen a ser electos y revocables para acabar con la casta que deja libres a gente como el hijo de Carlos Larraín y mantiene presos a los protagonistas de la revuelta. Para eso tampoco hay que esperar una nueva Constitución.

C) Sin embargo, estas medidas no son nada si no están acompañadas de la fuerza social de millones de trabajadores y de una coordinación con sectores populares. Para cuando empiece a sesionar la Convención, hay que preparar un gran paro nacional y protesta por la libertad de los presos políticos.

D) Para impulsar estas batallas, necesitamos impulsar comités de base y coordinación, preparar acciones de lucha e impulsar campañas que lleguen a millones de personas. Las luchas contra el agobio laboral que se dan en lugares como el hospital Barros Luco o antes en el Cesfam Alejandro del Río, las luchas contra la represión como las que se dan desde la Coordinadora de Puente Alto o la que dan los familiares de presos políticos, pueden unir sus fuerzas para la acción y para exigirle a las burocracias que rompan la tregua y que convoquen a un paro y a movilizaciones por la libertad de los presos políticos.

Creemos que estas medidas pueden preparar el terreno para efectivamente hacer saltar por los aires el acuerdo del 15N y para que podamos tomar medidas contra la herencia de los 30 años y la dictadura en una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la que sólo podrá ser garantizada por la autoorganización y la movilización obrera y popular en el camino de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.

 
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